Un total de 27 residencias de mayores reciben 64 nuevos usuarios desde el pasado 11 de mayo en Aragón

Un total de 27 residencias de personas mayores en Aragón han acogido a 64 nuevos usuarios desde el pasado 11 de mayo, fecha en la que el Ejecutivo autonómico autorizó nuevas altas, siempre y cuando los centros posean un 10% de su espacio libre para poder realizar aislamientos ante un posible rebrote de la pandemia del coronavirus, lleven dos periodos de incubación sin positivos, es decir, 28 días, y la persona que entre lo haga con una prueba negativa de PCR y esté 14 días de aislamiento antes de incorporarse a la vida del centro.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha aportado esta información en repuesta a una triple petición de comparecencia, en comisión, en las Cortes autonómicas, solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox, en la que ha indicado que estos nuevos ingresos han estado "muy controlados" con el objetivo de evitar nuevos contagios en estos establecimientos. También ha contado que ese 10% de espacio libre para poder realizar aislamientos es una medida "de seguridad", que quizá más adelante "no sea necesaria", pero que, en todo caso, "pactaremos con las residencias", para enfatizar que a partir de ahora, a causa de la covid-19, "tenemos que hacer las cosas de otra manera".

No obstante, ha defendido que el modelo de residencias "no debe variar", debe ser asistencial, no sanitario y estos espacios han de ser "centros de convivencia", si bien hay que plantear medidas y dentro de la mesa para la Estrategia de Recuperación Social y Económica es "una de las cuestiones importantes" y "estamos satisfechos de ese plan de rescate que contempla los servicios sociales".

En este sentido, Broto ha indicado que el rescate a las residencias de mayores "sería una medida de carácter inmediato". También ha dicho que desde el Gobierno de Aragón trabajan en la ayuda psicológica a residentes y trabajadores, así como en "resarcir" a estos establecimientos "en la medida de nuestros presupuestos" ya que "han sufrido mucho" y "han tenido mayores gastos", y en ocasiones, menores ingresos, cuando es un "tejido empresarial importante en Aragón".

En el caso de los centros de día de personas mayores, la consejera ha considerado que habrá que plantear "otro modelo", algo que "he hablado con las entidades". Broto ha precisado que en su Departamento están trabajando en la desescadala "en paralelo con el control de lo que está sucediendo" y ha mencionado ámbitos en los que recuperar la actividad, como la discapacidad, el servicio de información y la atención temprana "y todo lo que se deba poner en marcha, siempre de acuerdo con sanidad".

Ha aclarado, no obstante, que los servicios sociales en Aragón "han estado trabajando" porque "es un servicio esencial" y las órdenes que se han aprobado por parte de su Departamento "siempre han partido de la prudencia, algunas han sido pequeños pasos" porque, a su entender, hay que ir avanzado en la desescalada poco a poco.

En el caso concreto de la ayuda a domicilio, ha dicho que ha estado trabajando "durante toda la pandemia", "reestructurándose y dando respuesta" y ha comentado que uno de los teléfonos habilitado para los servicios sociales recogía las llamadas derivadas del 061 de personas que contactaban "pensando que estaban enfermas", pero que, en realidad, "tenían una situación de soledad y necesidad de que se les escuchara".

Ingreso mínimo vital

La consejera se ha referido al Ingreso Mínimo Vital, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, y ha dicho que es "la mejor propuesta desde el punto de vista de la dignidad de las personas", que plantea una prestación de ciudadanía vinculada al núcleo familiar "y que sería pagada por la Seguridad Social". "No sabemos todavía los pormenores", pero ha considerado que "podría llegar a un parte importante de lo que pagamos del Ingreso Aragonés de Inserción y de ayudas de integración familiar".

Por otra parte, María Victoria Broto ha comentado que su Departamento ha tenido una aportación de nueve millones de euros del Gobierno de España para dar respuesta a la pandemia y ha considerado positivo que en el fondo de 16.000 millones de euros del Ejecutivo central para la reconstrucción social y económica "se contemple la posibilidad de que una parte importante sea finalista para los servicios sociales".

Respecto a la conciliación, la Dirección General de Igualdad y Familia ha elaborado un documento, que ha presentado a la mesa para la Estrategia de Recuperación Social y Económica de Aragón, una cuestión que "es de toda la sociedad" y requiere también de que las empresas "modifiquen horarios", para estimar que "es la oportunidad de hablar de estos temas", tras la situación surgida por el confinamiento a que ha obligado la pandemia.

Medidas extraordinarias

La diputada del PP, Marian Orós, ha querido saber "cómo se está planteando la desescalada" en los servicios sociales, "que van a ser fundamentales en esta segunda etapa" de la crisis por la pandemia y si va a haber medidas extraordinarias para facilitar la conciliación, al tiempo que ha pedido aportar "algún tipo de ayuda o colaboración" a las residencias, para recordar su propuesta para crear una comisión de estudio "para analizar el tipo de red residencial que queremos para el futuro".

La parlamentaria de Ciudadanos, Lorento Camañes, ha esgrimido que la covid-19 "ha infectado de manera seria la economía de muchos aragoneses" y ha preguntado si se va disponer de presupuesto y medios "suficientes". Además, ha dicho que hay que actuar en conciliación para evitar "retrocesos" y ha solicitado mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de las residencias, tras demostrar "con creces su profesionalidad".

En representación de Vox, David Arranz, ha planteado incluir "un servicio fijo sanitario, aunque sea mínimo" en las residencias, tras concentrar el mayor número de fallecidos. "Espero que el tiempo depure las responsabilidades y los tribunales también", ha comentado, para defender "políticas para crear empleo y dinamizar la economía" frente a "pagas o 'paguitas'" ya que "la crisis económica y social no acaba más que empezar".

La diputada del PSOE, Piliar Zamora, ha rechazado los discursos "que alimentan actitudes irresponsables para desgastar al Gobierno" y ha subrayado "el valor de lo público y la necesidad de contar con sistemas de protección fuertes", así como la inversión social para que "el virus no agrande la brecha de desigualdad".

Por Podemos, Erika Sanz, ha dicho que la sociedad ha demostrado que "cuando nos vienen mal dadas, tiene responsabilidad" y "da respuesta donde no llega la Administración" y ha pedido "dignificar el trabajo de quienes cuidan" y hacer frente a la "desigualdad estructural" de las mujeres.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha sostenido que no dejar nadie atrás "es un objetivo que tenemos que tener todos", para resaltar que Aragón "ya habían empezado a hacer los deberes" hace cuatro años en este ámbito. Ha añadido que para que exista conciliación ha de haber políticas públicas, pero también los empresarios "tendrán que poner de su parte".

La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha dicho que la mesa para la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica es un ámbito donde trabajar por la Comunidad autónoma y pasar de las razones a las obras, y ha recalcado la labor de las entidades locales, tanto municipios, comarcas, como diputaciones provinciales durante la pandemia.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que la sociedad "debe combatir la desigualdad", tanto económica, como social, con servicios públicos que garanticen derechos fundamentales y haciendo que quienes se "lucran con el esfuerzo de trabajadores precarios y pobres contribuyan debidamente", para esgrimir que hay que impedir que "los cuidados vuelvan a caer sobre la mujer".

Conforme a los criterios de

¿Por qué confiar en nosotros?