La gerencia de Urbanismo dará cuenta el próximo lunes de una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cobertura al ‘outlet’ de Torre Village, el centro comercial que se está construyendo en la carretera de Logroño, en las antiguas instalaciones de Pikolin. El nuevo gobierno de la ciudad (PP-Cs) articula así una solución al revés que había supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) del pasado febrero, que anuló el plan especial por el que se fijaba la ordenación de los suelos del complejo comercial.

Según fuentes municipales, solo había dos salidas para Torre Village: o se modificaba el plan general de la ciudad para darle cabida o se afrontaba una reclamación por parte de los promotores que alcanzaría cifras multimillonarias. El ejecutivo de Jorge Azcón opta por hacer una modificación aislada del PGOU –los terrenos pasarán de ser industriales a albergar usos comerciales y terciarios– y los trámites para cambiar la catalogación de esta parcela de unos 57.000 metros cuadrados podrían prolongarse unos cinco meses. Si no hubiera más contratiempos, el centro comercial, que tiene las obras prácticamente acabadas, podría abrir a lo largo del año que viene.

En los tensos debates de los plenos del mandato anterior quedó patente que solo CHA y ZEC rechazaban el futuro ‘outlet’. Ahora todo apunta a que el cambio de la aritmética política tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo hará que se dé luz verde al complejo. El gobierno de PP y Cs impulsa esta vía para salvar el proyecto de Torre Village, que previsiblemente contará con el respaldo del PSOE y también de Vox. De hecho, en el pleno del pasado 25 de marzo, las tres primeras fuerzas acordaron que se presentara un recurso de casación al Supremo –que continúa su curso– y tanto populares como socialistas como concejales de la formación naranja se posicionaron a favor de modificar el artículo 5.4.5 de las normas urbanísticas para «dar seguridad jurídica» a los suelos de Pikolin. De hecho, son los tres mismos partidos que apoyaron el plan especial anulado hace cinco meses por los tribunales al entender que iba «más allá» de los usos previstos en el PGOU.

Con esta decisión, el nuevo gobierno envía un doble mensaje como es el de, por un lado, cumplir la sentencia del TSJA y, por otro, refrendar y facilitar la puesta en marcha de un proyecto que está declarado como de interés autonómico por su influencia tanto en la economía local como en la generación de empleo (la Cámara de Comercio cifró su impacto positivo anual en 6,5 millones de euros).

Estos argumentos son rebatidos por quienes en su día recurrieron el plan especial por considerar que se trataba de «urbanismo a la carta» y por entender que se trata de un proyecto «innecesario» dado que Zaragoza tiene la ratio más alta de España de grandes superficies por habitante. Tanto la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS) como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) creen que un nuevo complejo comercial dañará al pequeño comercio e, incluso, cuestionan su sostenibilidad medioambiental.

Iberebro, la empresa que impulsa el proyecto, cifra en más de 60 millones de euros la inversión en el desarrollo de Torre Village y asegura también que el complejo generará mil empleos directos y 8.000 indirectos. Los promotores, dado que la sentencia del TSJA no era firme pues al recurrirse al Supremo, han continuado estos meses con las obras con la intención de poder abrir a principios de 2020. Este proyecto obedece a un convenio firmado en 2008 por el que el Consistorio se comprometió a tramitar unos nuevos usos comerciales en los suelos de la antigua fábrica de Pikolin a cambio de que la multinacional permaneciera en la ciudad, concretamente en Plaza.

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