Las Cortes de Aragón han aprobado este martes por unanimidad la creación de una comisión especial de estudio para analizar los criterios que deben regir la transición energética en Aragón, un órgano que aspira a acordar medidas a medio y largo plazo para minimizar las consecuencias socioeconómicas derivadas del cierre de la central térmica de Andorra en 2020.

La iniciativa, propuesta por el PP, ha salido adelante pese a las dudas de los grupos parlamentarios por la proximidad de las elecciones autonómicas. “Está claro que no hay soluciones sencillas para problemas complejos, pero sería un error cerrar las centrales in un plan alternativo viable. Se necesita un cambio de modelo económico e incluso de usos y costumbres, y eso requiere tiempo. No se puede improvisar”, ha recalcado la diputada popular Dolores Serrat, que también ha criticado que España se haya posicionado entre los países que piden acelerar el fin del carbón en la cumbre del clima en Polonia. “Esta urgencia extrema se ha generado por un cambio de voluntad política”, ha insistido.

También ha habido reproches por parte del PSOE. La diputada Leticia Soria se ha referido al PP como “el partido de la inacción y los incumplimientos sistemáticos”. “Sorprende que ahora planteen una comisión, pero hay que ser responsables y dar ejemplo. Trabajaremos conjuntamente con todos los grupos que lo quieran hacer”, ha dicho.

Marta Prades, de Podemos, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha dispuesto de partidas en los tres últimos presupuestos que no se han ejecutado. “Debemos ponernos a la altura de los ciudadanos que llevan años luchando por su tierra”, ha añadido.

La previsión es que la comisión comience a trabajar en las próximas fechas a fin de que concluya a finales de febrero o principios de marzo. Sus conclusiones, han explicado los populares, servirán de hoja de ruta al próximo Gobierno que salga de las urnas.

Para Arturo Aliaga, del PAR, sobraban los motivos para apoyar la creación de esta comisión. “Hay que buscar vías de transición y reindustrialización. Si no se ha hecho antes ha sido porque Endesa no había tomado una decisión”, ha expuesto. En términos similares se ha pronunciado Javier Martínez, de Ciudadanos. “Creemos que esta comisión va a tener toda la utilidad del mundo. Hay que intentar alargar la transición para poder reaccionar. Vamos tarde a la hora de establecer posibles alternativas y, por este motivo, hay que empezar a trabajar desde ya. Si nos ponemos todos con todo puede salir algo útil”, ha asegurado.

Gregorio Briz, de CHA, se ha mostrado de acuerdo “con el fondo” de la propuesta de los populares. Ha recordado, en todo caso, que las Cortes tienen una capacidad de decisión limitada, ya que la decisión última depende de Endesa. “Me preocupa que una comisión no sea lo suficientemente eficiente o ágil. No sé si podrá dar una respuesta cuanto antes”, ha comentado.

El verdadero problema, de acuerdo con Patricia Luquin, de IU, es que esta comisión “se tendría que haber creado la pasada legislatura”. “La situación es muy preocupante y todo lo que hagamos va a ser insuficiente. Estamos en diciembre y las elecciones están a la vuelta de la esquina, no sé si habrá tiempo para desarrollar todo este trabajo”, ha opinado.