El Ejecutivo PSOE-CHA presidido por Javier Lambán ha logrado impulsar el gasto social, pero ha sido a costa de sacrificar las inversiones y de aumentar la presión fiscal. Es la conclusión que se puede extraer de tres años de legislatura de un gobierno en minoría que han estado marcados por la necesidad de cumplir, sin éxito, el objetivo de déficit exigido y por la férrea defensa de los proyectos sociales para contentar a sus ‘socios’, IU y Podemos, y sacar adelante, con dificultades, tres presupuestos. Ya reconoció Lambán en su discurso de investidura que no iba a ser fácil gobernar en minoría en un Parlamento con siete partidos representados. "La sangre se hereda y la virtud se conquista y la virtud vale por sí sola lo que sangre no vale", citó entonces, recordando ‘El Quijote’. E intentando conquistar esa virtud ha buscado sacar adelante sus propuestas mirando preferentemente a la izquierda, antes de entrar de lleno en una larga campaña preelectoral.

A doce meses de los comicios  llega el momento de corregir posibles errores, y el Ejecutivo PSOE-CHA plantea importantes cambios en su política fiscal, con reformas en los impuestos de Sucesiones y de Contaminación de las Aguas (que 100.000 zaragozanos se han negado a pagar). También ha incrementado un 13%, hasta los 463,7 millones de euros, la partida destinada a inversión, tras recortes hasta mínimos históricos en los últimos años (375,8 millones, en 2016 y 409,4 millones, en 2017). Estos serían los puntos débiles de una gestión que se ha centrado en impulsar políticas sociales, aunque la renta social básica, que era su proyecto estrella, está bloqueada tras la decisión de Podemos de levantarse de la mesa en la que se tramita la futura ley.

Aragón se ha beneficiado de la mejora en la coyuntura económica nacional y fue la Comunidad que más creció en 2017, un 3,6%, cinco décimas más que la media española. También ha descendido el desempleo: hay 23.690 parados menos que en julio de 2015. El Ejecutivo autonómico ha sabido aprovechar el viento que sopla a favor contribuyendo a generar un buen clima laboral con la Ley del Diálogo Social que se aprobó en las Cortes en febrero. Positiva resulta, además, la Mesa de Automoción que se constituyó tras la confirmación de que Opel fabricará el nuevo Corsa en la planta de Figueruelas a partir de 2019.

La agroalimentación, las plataformas logísticas y las energías renovables también han recibido un importante impulso. Bon Àrea invertirá 200 millones de euros en un macrocomplejo en Épila (Zaragoza) que permitirá crear 4.000 empleos y Grupo Pini construirá en Binéfar (Huesca) un matadero de cerdos por  70 millones para generar 1.600 nuevos puestos de trabajo. Aumenta, además, la superficie vendida en las plataformas públicas, que supera los 639.000 metros cuadrados, y hay 141 parques eólicos y 35 proyectos fotovoltaicos en tramitación.

Pero gobernar en minoría requiere pagar peajes y, en el caso de Ejecutivo PSOE-CHA, Lambán, en su investidura, abogó por "una fiscalidad que haga viable el Estado del bienestar", el modelo que adoptó para Aragón y que ahora tiene en revisión.

Las leyes de reducción de la pobreza energética y la que contempla de medidas de apoyo en casos de emergencia social salieron adelante en 2016, en cumplimiento de los acuerdos adquiridos con la izquierda. Pero el logro se quedó ahí: la ley más importante, la de la  renta social básica, no avanza.

En ocasiones puntuales todos los partidos se han unido en beneficio del interés general, como ocurrió con el  Pacto por la Ciencia que aboga por aumentar la inversión en I+D+i hasta el 1,3% del PIB. Pero no es frecuente que todos se pongan de acuerdo como se puso de manifiesto en la elección del responsable de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (el PP votó en contra), y  hasta la del Justicia (los populares se abstuvieron), dos decisiones en las que se rompió el tradicional consenso que habían mantenido hasta entonces el PSOE y el PP.

Sí resulta incuestionable el impulso que el Ejecutivo PSOE-CHA ha dado al gasto social, que ha aumentado un 25% desde 2015, con 700 millones de euros más en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Aragón tiene 1.200 docentes más, 62 escuelas rurales con seis alumnos o menos se han salvado del cierre y se han construido cuatro nuevos colegios y hay otros dos en marcha._Pero también ha habido sombras, como la masiva protesta de la enseñanza concertada que obligó al Gobierno a replantearse los recortes que quería aplicar.

Las relaciones con la Universidad se han normalizado, y el Ejecutivo acaba de anunciar que pagará la mitad de la matrícula a los estudiantes que aprueben un 50% de los créditos, sin tener en cuenta su nivel de renta.

En Sanidad se ha incrementado la inversión en alta tecnología, pero los dos nuevos hospitales de Teruel siguen pendientes: en Alcañiz acaban de empezar las obras y en la capital arrancarán en 2019.

La incorporación de 10.000 personas más a las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia es uno de los grandes logros del área de Ciudadanía, una consejería que ha impulsado, además, varias leyes y proyectos de ley que luchan contra la discriminación.

Pero prestar servicios en Aragón, una autonomía castigada por el envejecimiento, la dispersión y la despoblación, es más caro, y eso  llevó a Lambán a constituir un frente común con Galicia, Asturias y Castilla y León para exigir una financiación autonómica que lo tenga en cuenta. Así se lo hizo saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace un mes en su primera visita a La Moncloa, donde reclamó 80 millones de euros para un plan integral de limpieza del Ebro que permita limitar los daños que causan las crecidas.

Las relaciones de la DGA con el Gobierno central han sido turbulentas. El 27 de junio de 2017 se celebró la bilateral Aragón-Estado, en la que se decidió mantener el Fondo de Inversiones de Teruel y se acordó impulsar la aplicación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que prevé acuerdos en temas fiscales y de financiación, en la que no hay ningún avance.

Y la situación se enquistó cuando la DGA acusó al Estado de "deslealtad" por cuestionar la ley de capitalidad en plena negociación cruzada de los presupuestos de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. La polémica aún se centra en la constitucionalidad del artículo 14, que fue el que utilizó el alcalde Pedro Santisteve (ZEC)  para tomar el control de las sociedades municipales. A pesar de estos rifirrafes, Lambán ha mostrado su apoyo al Gobierno en la "crisis nacional" causada por Cataluña, y dedicó su discurso del pasado 23 de abril a pedir más "patriotismo" porque "no es posible el éxito de Aragón sin el de España".

En los tres años de legislatura, las Cortes han aprobado 32 leyes, diez más que en la legislatura anterior, pero la de Función Pública es difícil que salga adelante. Tampoco se han reducido los altos cargos, que se mantienen en 75.

Un año tiene Lambán para hacerse acreedor de esa virtud que le puede ayudar a culminar con éxito sus compromisos electorales.