Frente común para exigir una financiación autonómica ajustada al coste de los servicios

Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia constituyeron ayer en León un frente común para exigir un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el sobrecoste que asumen al prestar servicios en unas comunidades que sufren problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión. Fue un acuerdo histórico de los presidentes de cuatro autonomías que suman más de siete millones de residentes y el 36% del territorio nacional, y que se fundamenta en el principio de igualdad que recoge la Constitución (artículo 139.1) para garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos con independencia de dónde vivan. Solicitan, a través de una declaración institucional, que el nuevo modelo que se pacte en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tenga en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las administraciones y urgen su aprobación para evitar que el calendario electoral de los próximos años añada más incertidumbre al necesario acuerdo.

Los presidentes de Aragón, Javier Lambán; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Asturias, Javier Fernández y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que la evaluación de los costes debe centrarse en la sanidad, la educación y los servicios sociales, que son, al fin y al cabo, los que suponen mayores problemas de financiación en las cuatro comunidades. En Aragón, el gasto farmacéutico precisa un 10,23% más de recursos que la medida española, "un problema de infrafinanciación clarísimo" que Lambán llama a solventar. La declaración institucional pide, por ello, una evaluación del déficit en la financiación del gasto sanitario y que se ajusten los grupos de edad creando nuevos tramos a partir de los 65 años y aumentando su ponderación.

La propuesta conjunta plantea, además, que se tengan en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico. Vuelve a ser, una vez más, la lucha entre la España que aporta más habitantes y recursos y la que asume más costes para garantizar que los servicios llegan a todos los ciudadanos; la misma que reclama más inversión en políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, apoyo a la natalidad y proyectos para un mayor desarrollo rural. Se trata de evitar, según Lambán, una España a dos velocidades que "no se atiene al espíritu constitucional ni a los elementales principios de justicia y equilibrio". Por eso, las cuatro comunidades apelan a la "plena efectividad del principio de lealtad institucional" para impedir que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las regiones en la prestación de servicios. Porque, como manifestó Javier Fernández, "una transferencia de unos ciudadanos a otros no es un regalo, sino un derecho por pertenecer a un mismo espacio público compartido que se llama España". Y ésa es la línea que defenderán juntos en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Les preocupa también, según expresó el burgalés Juan Vicente Herrera, que el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica pueda venir precedido de una campaña que clasifique a las comunidades en infrafinanciadas y suprafinanciadas. "Que no se vincule el volumen de endeudamiento de las comunidades a que el anterior modelo de financiación haya sido beneficioso o perjudicial", advirtió Herrera. El presidente gallego destacó la seriedad en la gestión de los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón con el resultado de una deuda pública "bastante inferior" al resto del país y aseguró que si todos hubiesen controlado igual el déficit no habría problemas de consolidación fiscal.