El TSJA decidirá si se repite o no el juicio por la desaparición de botellas en la Jefatura de Policía de Aragón
El abogado del único condenado solicita que se anule por haberse vulnerado el derecho de defensa de su representado.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón deberá decidir si anula el juicio celebrado contra el inspector jefe Enrique Gascón en el que fue declarado culpable por un jurado popular de un delito de apropiación indebida. La sentencia, emitida por la magistrada presidenta María Pilar Lahoz, impuso al acusado un año de cárcel y otro de inhabilitación para cargo o empleo público en la Policía Nacional durante el mismo tiempo y una multa de 720 euros.
El jurado consideró probado que el inspector dispuso para sí o permitió que otros se apropiaran de efectos requisados (mayoritariamente botellas de bebidas alcohólicas, perfumes y complementos) por el Grupo de Hurtos en dos operaciones policiales en 2017 que estaban depositados en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
En marzo de 2019 el subinspector Rafael A. (que fue declarado inocente por el jurado) ordenó que se colocasen candados en las puertas de los calabozos para evitar que desapareciesen objetos. En septiembre de ese mismo año, en una reunión, el jefe superior, Juan Carlos Muñoz, pidió que vaciaran las celdas y trasladaran los objetos a Mayandía. Enrique Gascón se hizo cargo de esta tarea ayudado de dos personas de su confianza ajenas a la Policía (dos amigos) y de su subordinado, que hacía de chófer, utilizando una furgoneta oficial.
Al día siguiente del traslado, el 9 de septiembre, se distribuyeron anónimos en la Jefatura y sindicatos, que acabaron llegando a la prensa, en los que se aseguraba que habían “desaparecido” efectos de ese alijo. Al final, se abrió una causa contra el inspector jefe y el subinspector por apropiación indebida con el resultado antes mencionado.
El abogado de Gascón, Enrique Esteban, ha solicitado en la mañana de este jueves la anulación del juicio y su repetición por entender que se ha generado indefensión al acusado por distintos motivos. El letrado ha hecho hincapié en las distintas pruebas que solicitó y que le fueron denegadas, tales como hacer un inventario de los objetos que fueron trasladados a Mayandía. “Sí, señorías, a estas alturas todavía no se sabe qué efectos hay en el cuartel”, ha indicado a los magistrados.
El abogado ha defendido que su cliente siempre ha dicho que él llevó a Mayandía “todos” los objetos que estaban en la jefatura del paseo de María Agustín. “Él no sabe cuántos había en los calabozos. Los llevó todos”, ha subrayado.
Enrique Esteban ha sido muy crítico con la instrucción judicial por las pruebas que le fueron denegadas, como el inventario, o por la pieza secreta que se abrió para que la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía hiciera una investigación. El secreto se mantuvo durante cinco meses y la unidad no llegó a contestar ni siquiera al primer oficio de la magistrada.
El objetivo de esa demanda de investigación secreta era doble: aclarar qué había pasado con el alijo de botellas durante los dos años que estuvieron en los calabozos (y si fueron desapareciendo a lo largo de ese tiempo) y evitar que los encargados de aclarar dónde fue a parar el material sustraído fueran compañeros directos o incluso amigos de los sospechosos. Pero de nada sirvió porque cinco meses después tuvo que levantar el secreto y cerrar la causa sin recibir ninguna explicación.
El abogado echa en falta también que no se hallan “detallado” los objetos que faltan (marcas) salvo tres frascos de perfume de Jean Paul Gaultier que Enrique Gascón abrió y olió durante el traslado y que luego no aparecieron. “No se ha comprobado que fueran de esa marca”.
Enrique Esteban Pendas ha reprochado que el fiscal considere una prueba “imposible” conocer cuántos efectos había y que sea posible saber los que según el jurado se llevó el inspector.
El fiscal Enrique Pera ha defendido todas las actuaciones, se ha opuesto a la pretensión del abogado defensor y ha solicitado al tribunal que mantenga la sentencia. “No hay un derecho ilimitado a los medios de prueba”, ha dicho, al tiempo que ha cuestionado la pretensión del letrado de anular la sentencia.
La sentencia condenó al acusado a pagar las costas del procedimiento por la acusación popular ejercida por el sindicato Jupol. El abogado defensor ha solicitado al tribunal que desestime el fallo por considerar que su actuación no ha sido decisiva en el proceso. Sin embargo, la abogada Paula Pelet, ha defendido lo contrario y ha pedido que se mantengan.
