Ordenan el ingreso en prisión de uno de los empresarios que quiso comprar el Real Zaragoza
El intermediario inmobiliario Mariano Casasnovas tendrá que empezar a cumplir una de sus condenas por estafa el próximo 23 de octubre.
El intermediario empresarial Mariano Casasnovas deberá ingresar en prisión el próximo 23 de octubre. Así lo ha ordenado la Audiencia Provincial de Zaragoza en cumplimiento de la sentencia de enero de 2023 que condenó al citado y al abogado José Javier Palos a cuatro años de prisión: dos por estafa en concurso con falsedad en documentos y otros dos por un delito de frustración en la ejecución de alzamiento de bienes.
El tribunal de la Sección Tercera, tras un acuerdo entre las partes, concluyó que ambos acusados cometieron los delitos en dos operaciones inmobiliarias en las que supuestamente se iban a recalificar terrenos y urbanizarlos después para construir establecimientos de la cadena Lidl.
La condena de prisión llevó aparejada sendas multas y el pago de indemnizaciones a dos perjudicados por importe de 280.000 euros y el pago de las costas de la acusación particular, a cargo del abogado José María Lumbreras. Sin embargo, a fecha de hoy ha pagado una primera parte, cedió un negocio de 25.000 euros pero luego se comprometió a pagar 4000 más al mes y ha incumplido todos los meses, por lo que el tribunal ha decidido ejecutar la sentencia. La única posibilidad de que se librara de entrar sería que continuara pagando la responsabilidad civil a los afectados.
Mariano Casasnovas es un intermediario que en 2015 fue la cabeza visible de un grupo de inversores con la aparente intención de comprar el Real Zaragoza, algo que no llegó a buen puerto. Desde entonces hizo varias operaciones inmobiliarias, casi todas relacionadas con suelos para instalar supermercados Lidl, que le han supuesto dos condenas más.
También tiene pendiente de cumplir otra por fraude fiscal en la compra-venta en 2013 del local del antiguo cine Coliseo del paseo de la Independencia, que ahora ocupa la firma Mango. La Audiencia lo condenó a dos años de cárcel y al pago 200.000 euros de multa. Los fallos están pendientes de declararse firmes.
Y todavía tiene otra causa pendiente por la que responder ante la Justicia.
