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Confirman el castigo de casi medio millón a los padres de los menores que incendiaron un chalé en el Pirineo
La Audiencia de Huesca les obliga a pagar de forma solidaria y conjunta la reconstrucción de la vivienda, que quedó reducida a escombros. Solo una familia verá reducida su responsabilidad.
El allanamiento de un chalet en la localidad oscense de Castiello de Jaca por parte de cuatro menores de entre 14 y 17 años acabó en un pavoroso incendio que redujo a escombros la vivienda, propiedad de un notario de Zaragoza. Por estos hechos, ocurridos la noche del 17 de abril de 2022, acabaron condenados los cuatro chavales, pero los verdaderos paganos de aquella gamberrada fueron sus padres, a los que un juzgado de Huesca declaró responsables civiles directos, obligándoles a pagar de forma conjunta y solidaria el valor de reconstrucción de la vivienda, valorada en más de medio millón de euros. Las familias recurrieron el fallo para evitar tener que hacer frente a semejante indemnización y la Audiencia Provincial de Huesca acaba de pronunciarse.
Los amigos aprovecharon que el propietario no estaba en el chalé para colarse por la puerta trasera. Y una vez en el salón, no se les ocurrió otra cosa que echar gasolina en un vaso de cristal y prenderle fuego. La violenta llamarada que se produjo cogió por sorpresa a los menores, que intentaron sofocarla utilizando agua del grifo. No fue una buena idea, ya que el combustible se derramó entonces por la mesa, lo que hizo que esta prendiera de inmediato. Pero aún fue peor lo que hicieron después, ya que los chavales usaron el edredón de una cama para intentar extinguir el fuego. Aquello avivó de tal forma el incendio que los amigos, asustados, decidieron ponerse a salvo y abandonar la casa, que acabó devorada por las llamas.
Los cuatro incendiarios fueron condenados por un delito de allanamiento de morada y otro de daños por imprudencia grave. Atendiendo a la responsabilidad de cada uno en lo sucedido, el juez impuso a J. R. M. y J. G. N., doce meses de libertad vigilada; a J. L. G., seis meses de tareas socioeducativas; y a X. E. I., doce meses de asistencia a un centro de día supervisado. A través de los recursos de sus respectivos abogados, todos ellos intentaban que se les rebajasen estas medidas, pero el tribunal no ha encontrado ningún motivo para hacerlo.
Al margen de la responsabilidad penal, el verdadero objetivo de los padres de estos chicos era conseguir que se redujera la cuantiosa indemnización a pagar. Alguno de ellos alegaba enriquecimiento ilícito, por considerar que se tenía que pagar al dueño del chalé mucho más de lo que le había costado. Pero no apreció tal enriquecimiento el magistrado que dictó la primera sentencia y tampoco lo ha hecho ahora la Audiencia de Huesca.
El tribunal comparte la opinión del primer juzgador. Y como hizo este, de los dos informes periciales que se aportaron para cuantificar los daños causados por el incendio, uno por parte de la acusación particular y otro por encargo del juzgado, considera más ajustado el primero. Para los magistrados, es “más completo” y tiene en cuenta unos coeficientes que el otro “desprecia”.
“También entendemos que el valor que mejor recoge el principio de restitución integral es el de reconstrucción, ya que la opción por dicho valor de reposición se fundamenta en que el perjudicado tiene derecho a ser resarcido con total indemnidad de los daños sufridos, aunque en la reparación del daño se mejore el estado del bien dañado, por cuanto el perjudicado no hubiese procedido a reparar si no hubiese tenido lugar el siniestro”, reza la sentencia.
Solo una familia verá reducida su responsabilidad
El coste total de la reconstrucción del chalé se fijó en 555.563 euros, pero la sentencia condenó a los padres de los menores a pagar una cifra algo inferior, ya que descontó los 128.795 euros con los que la compañía RGA seguros indemnizó ya al propietario de la vivienda y perjudicado.
Las cuatro familias que terminaron salpicadas por estos hechos intentaron convencer al tribunal de que existían motivos para rebajar su responsabilidad civil. Y aquí los magistrados recuerdan que conforme a la ley corresponde a los padres acreditar que “obraron con la debida diligencia en su deber de vigilancia, educación y formación integral” de sus respectivos hijos.
Para valorar si así fue, la Audiencia Provincial ha analizado los informes emitidos por los técnicos que examinaron la situación de cada uno de los menores encausados. En el caso de J. R. M., se aprecia absentismo escolar y una conducta “sobreprotectora, sin marcarle límites” por parte de la madre. En cuanto a J. G. N., se le han detectado conductas disruptivas “respecto de las cuales no ha existido una previa actuación”. De X. E. I. se recuerda que además de en esta causa judicial se vio implicado en otra por robo con fuerza y en una tercera, por violencia doméstica. Y por ello, en estos tres casos, el tribunal concluye que no cabe revisar la responsabilidad civil.
Algo distinto ocurre en el caso del menor J. L. G., ya que la Sala habla de una “familia estructurada”, con “estilo educativo asertivo, trayectoria educativa adecuada, con ocio bien estructurado y buenos referentes en el ámbito de sus relaciones”. Razones por las que deciden apreciar una moderación del 50% en la responsabilidad civil a la que deben hacer frente sus padres.
De esta manera, la Audiencia de Huesca mantiene la obligación de los padres de los cuatro chicos de indemnizar de forma conjunta y solidaria con 428.767 euros al notario zaragozano propietario del chalé. Sin embargo, a la familia de J. L. G., la cantidad máxima que se le podría exigir son 214.383 euros. Sumas a las que habrá que aplicar los correspondientes intereses legales. Y contra la resolución, ya no cabe recurso ordinario.
