La Audiencia de Zaragoza modifica al alza una condena contra Casasnovas
Añade a un delito de administración desleal otro societario y le impone 2 años de cárcel y 9 meses de multa.
La Audiencia Provincial ha modificado la sentencia dictada en julio de 2022 contra el intermediario Mariano Casasnovas y al abogado Javier Palos que los condenó a dos años de prisión y multa como autores de un delito de administración desleal para añadir otra pena, en este caso de nueve meses de multa, por un delito societario. El fallo es producto del recurso que interpusieron la partes a la primera sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que la anuló y ordenó que se dictara una nueva, como pidió la acusación particular.
Casasnovas y Palos fueron juzgados en junio por el perjuicio de 400.000 euros causado a la empresa Río Valle Construcción, a la que buscaron como socia para adquirir suelos y construir dos supermercados de la marca Lidl en La Rioja y Soria. El tribunal de la Audiencia Provincial no consideró la maniobra un delito de estafa o apropiación indebida, como mantenían las acusaciones, pero sí entendió que infringieron las normas que les facultaban para administrar un patrimonio ajeno y causaron un perjuicio de 400.000 euros que deben devolver.
El tribunal consideró probado que en mayo de 2016 los acusados buscaron a Río Valle Construcción para ofrecerle comprar el 50% de las participaciones de Suelos Soria (cuyo administrador único era Palos). Esa adquisición permitiría a la constructora poder acceder a urbanizar y levantar supermercados en Calahorra y Soria y, a más largo plazo, optar a otras obras.
Nada más firmar la compraventa de participaciones, Río Valle prestó a Suelos Soria S. L. 500.000 euros a un interés de un 1% y un año de duración para ir comprando los terrenos en Calahorra. Sin embargo, ese dinero nunca fue utilizado para lo acordado, ya que los acusados lo desviaron a cuentas de otras sociedades suyas y lo usaron para otro fin. Al ver que la operación no salía adelante, la constructora reclamó la devolución del préstamo y los acusados le dieron largas. En marzo de 2018, Río Valle consiguió que le reintegraran 100.000 euros. La acusación particular, a cargo de José María Lumbreras, señaló ayer que volverá a recurrir el nuevo fallo, puesto que sigue manteniendo que lo que cometieron fue una estafa. Las defensas, Carmen Sánchez y Fernando Rodríguez Burgués, seguirán pidiendo la absolución.
