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Un intermediario inmobiliario y un abogado, condenados a prisión por delitos de falsedad en Zaragoza
Los acusados llegaron a un acuerdo con las acusaciones y aceptaron sendas condenas de cuatro años de cárcel.
El intermediario inmobiliario Mariano Casasnovas y el abogado Javier Palos Yago aceptaron este viernes sendas condenas de cuatro años de prisión –dos por estafa en concurso con falsificación documental y otros dos por un delito de frustración en la ejecución de alzamiento de bienes– que cometieron en dos operaciones en las que supuestamente se iban a recalificar terrenos y urbanizarlos después para construir establecimientos de la cadena Lidl. Sobre ambos pesan otras condenas.
Junto a ellos fueron juzgados como testaferros José Antonio E. E. y José María F. V., que aceptaron penas muy inferiores, de 9 y 6 meses de cárcel respectivamente, por colaborar para frustrar la ejecución del alzamiento.
La Fiscalía y la acusación particular, a cargo del abogado José María Lumbreras, reclamaban una responsabilidad civil de 280.000 euros. Igualmente, solicitaban inicialmente penas que sumaban 8 años de prisión y multas. No obstante, llegaron a un acuerdo con los abogados de los acusados, entre ellos José Manuel Torres, de Casasnovas, o Carmen Sánchez, de Palos Yago, lo que hizo innecesario celebrar la vista oral.
Las dos estafas tuvieron el mismo modus operandi y las víctimas fueron la empresa Hersander S. L. y el particular F. I. E. La Fiscalía mantiene que en estas y otras operaciones Mariano Casasnovas se presentaba como conseguidor de suelo a empresas que querían desarrollar proyectos urbanísticos y de esta forma obtenía grandes cantidades de dinero. No obstante, él no aparecía como titular en ninguna sociedad, ya que tenía una condena por defraudación tributaria y no podía. Para ello, utilizaba a Javier Palos y, ambos, a testaferros.
Los acusados, una vez presentados los proyectos, en este caso lograr la recalificación de suelos y construir un supermercado Lidl en Calahorra, pidieron a los perjudicados sendos préstamos de 140.000 euros a devolver en el plazo de un año a un interés del 7,5%. Como garantía presentaban un contrato firmado con la cadena de supermercados, que resultó ser falso.
Según las acusaciones, nunca pensaron en devolver ese dinero, que terminaron apropiándose en su beneficio. Además, utilizaron a los testaferros para despatrimonializar dos sociedades que tenían vendiendo los suelos de una de ellas.
