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Un intermediario y un abogado, condenados a dos años de cárcel por administración desleal en Zaragoza

Mariano Casasnovas y Javier Palos deberán devolver 400.000 euros a la constructora con la que se asociaron.

Mariano Casasnovas y Francisco Javier Palos, durante el juicio celebrado en la Audiencia.
Mariano Casasnovas y Francisco Javier Palos, durante el juicio celebrado en la Audiencia.
Guillermo Mestre

El intermediario Mariano Casasnovas Vicente y el abogado Javier Palos Yago han sido condenados a dos años de prisión como autores de un delito de administración desleal por el que resultó perjudicada una empresa a la que buscaron como socia para adquirir suelos y construir sendos supermercados de la marca Lidl en La Rioja y Soria. El tribunal de la Audiencia Provincial no cree que cometieran un delito de estafa o de apropiación indebida, como mantenían las acusaciones, pero sí considera acreditado que infringieron las normas que les facultaban para administrar un patrimonio ajeno y causaron un perjuicio de 400.000 euros a Río Valle Construcción y Obra Pública que ahora deben devolver.

Los magistrados de la Sección Tercera dejan claro en su sentencia –que no es firme– que los acusados actuaron en plena connivencia, pues aunque Javier Palos Yago era quien figuraba únicamente como "administrador de derecho", Mariano Casasnovas (en su día involucrado en uno de los procesos fallidos para comprar el Real Zaragoza a Agapito Iglesias) era el "administrador de hecho".

Hacía y deshacía

Yago declaró en la vista oral que él era un mero "testaferro" de Casasnovas y así ha quedado demostrado, pues aunque este no figuraba en Suelos Soria 2016 (mercantil utilizada en esta operación)era el apoderado de otras firmas (Lorengest, Kriseliu y Franquicias y Servicios Inmobiliarios P. J.) que Palos también administraba. De hecho, todas actuaban bajo el sistema de "caja única", de manera que empleaban la misma cuenta bancaria y evitaba mecanismos de control. Esto, según el fallo, permitía a Casasnovas "hacer y deshacer a su conveniencia y criterio" y refuerza el hecho de que, aunque no firmara ningún documento, él era quien administraba las sociedades mencionadas.

Con estas premisas, el tribunal da por probado que en mayo de 2016 los acusados buscaron a Río Valle Construcción para ofrecerle comprar el 50% de las participaciones de Suelos Soria (cuyo administrador único era Palos). Esa adquisición permitiría a la constructora poder acceder a urbanizar y levantar supermercados en Calahorra y Soria y, a más largo plazo, optar a otras obras.

Nada más firmar la compraventa de participaciones, Río Valle prestó a Suelos Soria S. L. 500.000 euros a un interés de un 1% y un año de duración para ir comprando los terrenos en Calahorra. Tras recibir esa cantidad, los acusados, de mutuo acuerdo, la derivaron a otros fines. 211.005 euros fueron a Lorengest; 29.702 a la madre de Casasnovas y 214.592 a Franquicias y Servicios Inmobiliarios. En total, 455.300 euros. Para el tribunal, no consta que el medio millón se destinara a lo acordado.

Al ver que la operación no salía adelante, la constructora reclamó la devolución del préstamo y los acusados le dieron largas. En marzo de 2018, Río Valle consiguió que le reintegraran 100.000 euros. Como no logró recuperar el resto, la mercantil, representada por el abogado José María Lumbreras, se querelló contra los acusados.

Los magistrados recogen en el fallo que el intermediario y el abogado firmaron contratos con Lidl que no prosperaron por problemas con las licencias urbanísticas, pero no por culpa de los acusados. También dicen que no consta que Casasnovas y Palos engañaran a Río Valle para conseguir el préstamo de 500.000 euros o que se hayan apropiado indebidamente de esa cantidad. "Pero sí es observable un abuso fraudulento de las obligaciones de los administradores para dar al dinero recibido un uso distinto al que correspondía, pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la sociedad (...)", dice el fallo, ya que tiene en cuenta que devolvieron 100.000 euros.

Los acusados, representados por los abogados Carmen Sánchez y Fernando Rodríguez, están pendientes de otro juicio similar.

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