¿Qué son los casos de 'lawfare' incluidos en el acuerdo de la amnistía entre PSOE y Junts?
Los dirigentes independentistas se refieren con este término a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados españoles por motivos políticos.
Según fuentes oficiales a la negociación entre PSOE y Junts, el acuerdo cerrado que se presentará hoy mismo, incluirá en la amnistía los denominados como casos de 'lawfare'. Con este término los dirigentes independentistas pretenden referirse a lo que consideran una supuesta persecución por parte de jueces y magistrados españoles por motivos políticos.
Aludiendo a este supuesto 'lawfare', Puigdemont pretendía que amnistía incluyera a los afectados por el caso 'Volhov', que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.
Uno de los afectados en ese caso es el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, pero también querían que la amnistía incluyera otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye, y el de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs.
El término 'lawfare' es una fusión de las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra), utilizado para describir un fenómeno donde el derecho se emplea como instrumento de guerra. Aunque este concepto no es nuevo, ha ganado prominencia en el discurso político y legal en años recientes, sobre todo en situaciones en las que se acusa al sistema judicial de ser manipulado para fines políticos.
El 'lawfare', aunque se manifiesta globalmente, ha tenido ejemplos significativos en países como Guatemala y Venezuela, donde la aplicación de la justicia ha levantado sospechas de estar politizada y dirigida contra figuras de oposición.
La crítica principal detrás del concepto de 'lawfare' radica en la percepción de que el sistema legal, que se supone imparcial y justo, puede ser sesgado y utilizado para perseguir selectivamente a ciertas personas o grupos. Los acusados de 'lawfare' a menudo argumentan que se les está privando de un juicio justo y que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas más que legales.
Los casos de Guatemala y Venezuela
En Guatemala, por ejemplo, la lucha contra la corrupción ha sido a menudo elogiada por su impulso a la legalidad y la transparencia. Sin embargo, ha habido preocupaciones expresadas por varios sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional acerca de que la justicia puede ser utilizada para desactivar a políticos y activistas opositores al gobierno. La suspensión temporal del Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, por parte de las autoridades electorales, es una nueva mancha para el proceso electoral de Guatemala, y la judicialización de la política hizo países como Estados Unidos y organizaciones como la ONU alzaran su voz contra este proceso judicial.
Venezuela presenta un caso aún más contundente, donde el gobierno ha sido acusado repetidamente de emplear tácticas de 'lawfare' contra sus críticos y oponentes. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han documentado casos donde la detención de líderes opositores y las restricciones a su participación política parecen estar fundamentadas en cargos legales cuestionables. Esto ha generado un intenso debate sobre si la justicia está siendo usada como una herramienta de represión política bajo la apariencia de legalidad.
El caso independentista
Por su parte, los abogados de los independentistas encausados por los disturbios vividos en Barcelona, aprovecharon este concepto para señalar que en el caso de Josep Lluís Alay y el movimiento Tsunami Democràtic en Cataluña, se está llevando a cabo un 'lawfare'. Esto implicaría que la investigación y los procedimientos legales están motivados no por delitos reales, sino por el deseo de suprimir y penalizar el discurso y las acciones independentistas.
Este miércoles, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que aseguraba que la investigación sobre el papel de Tsunami Democràtic en los disturbios que siguieron a la sentencia del 'procés' en 2019 forma parte del 'lawfare' y la persecución contra el independentismo.
El asesor de Puigdemont ha asegurado que el procedimiento de Barcelona que dio origen al procedimiento en la Audiencia Nacional en el que ahora se le señala es "una de las distintas causas prospectivas que se han gestado para criminalizar a un movimiento político que, si por algo se ha caracterizado, es por su carácter pacífico".
Su defensa, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha insistido en que "parece evidente que el procedimiento" en cuestión es lo que en términos anglosajones se denomina "lawfare".
