Amnistía: qué es, en qué consiste y la votación de la ley

El Congreso de los Diputados ha aprobado este 30 de mayo la ley de amnistía por 177 votos a favor y 172 en contra en un bronco pleno censurado por la presidenta de la Cámara.

Grupos de personas en una nueva manifestación contra la amnistía, frente a la sede del PSOE en Ferraz, Madrid.
Grupos de personas en una nueva manifestación contra la amnistía, frente a la sede del PSOE en Ferraz, Madrid.
EFE/Sergio Perez

Las redes sociales y los buscadores son un termómetro de la actualidad que mide, por ejemplo, la incidencia de un término en los rastreos que hacen los internautas, pudiendo determinarse así qué es lo que más interesa o simplemente llama la atención en un momento y entorno determinados. En España, la palabra amnistía lleva meses en la parte alta de esa clasificación y se intensificó en noviembre con el acuerdo  entre el PSOE y Junts que dio vía libre a la investidura de Sánchez. Además, el presidente del Gobierno se aseguró una investidura por mayoría absoluta tras los acuerdos del PSOE con PNV y Coalición Canaria. El resultado de todas estas negociaciones ha sido la aprobación definitiva de la Ley de amnistía este lunes en el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor y 172 en contra. 

Desde que fracasara el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la palabra amnistía entró en juego con la aproximación del PSOE al citado bloque catalán, cuyos votos en el Congreso fueron necesarios para una potencial investidura de Sánchez. Con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se llegó primero a un acuerdo: siete votos más para la causa de Sánchez tras el acuerdo de condonación de una deuda multimillonaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña y otra serie de concesiones, como la administración de los trenes de cercanías. Junts, la formación que encabeza el prófugo Puigdemont desde su actual residencia de Waterloo, puso sobre la mesa la exigencia de una ley de amnistía en España.

Qué es la amnistía

Lo primero de todo: no es un indulto, aunque los conceptos se parezcan. Ambas figuras son eximentes de penas derivadas de actos ilegales, pero el indulto perdona la condena (aunque la comisión de un nuevo delito supondría al indultado la condición de reincidente, porque no se borra su delito), lo que quiere decir que solo se aplica cuando los autores de un delito ya han sido juzgados y condenados, y han recibido, por lo tanto, el reproche social y penal que corresponde a su conducta. La amnistía, por su parte, perdona el delito en lo penal, aunque no haya condena todavía, y supone que los responsables de los delitos amnistiados ni siquiera serían juzgados. En cierto modo, supone el 'olvido judicial' de los delitos cometidos. Amnistía tiene la misma raíz griega que  ‘amnesia’, que significa olvido, y suele ejecutarse por razones políticas extraordinarias: así ocurrió en 1977 en España, para facilitar la transición de la dictadura a la democracia. La responsabilidad civil no se borra con la amnistía, por si hubiere lugar a indemnizaciones a los perjudicados.

Qué implica la amnistía

Jurídicamente, hay debate al respecto. Al no estar prohibida expresamente en la Constitución española, algunos especialistas la ven posible en el actual marco legal. En cambio, la mayoría de los juristas consideran que la amnistía iría más allá de un indulto general, y puesto que el indulto general está prohibido por el artículo 62 de la Carta Magna consideran que también la amnistía estaría excluida. Esa nueva ley, no contemplada en la Constitución, eximirá de responsabilidad penal al propio líder de Junts y a otros implicados en la intentona separatista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que acabó con varios políticos catalanes entre rejas y el exilio voluntario de otro grupo de líderes de Junts, ERC y la CUP.

Qué está pasando ahora en España con la amnistía

El Pleno del Congreso ha respaldado por la mínima (177 votos a favor y 172 en contra) la ley de amnistía levantando el veto del Senado y dando luz verde a su aprobación por lo que la norma entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. 

Solo un voto más de los necesarios (177 y el mínimo eran 176) han sumado PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación, ni telemáticamente, la diputada de Podemos Martina Velarde, lo que ha propiciado lo ajustado de la votación.

Como ha pedido el PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz. Por sorteo, la votación ha comenzado con el Sí del socialista Roberto García Morís, que ha votado telemáticamente. Cuando ha votado el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno se han escuchado gritos de "traidor" desde la bancada de Vox.

Qué pasará tras la aprobación de la ley de amnistía

La ley de amnistía establece que una vez publicada en el BOE se levantarán de inmediato medidas cautelares y órdenes de detención, y los jueces dispondrán de dos meses para aplicarla a cada caso concreto pero los plazos pueden ser más inciertos. El expresidente catalán Carles Puigemont, por ejemplo, podría regresar a España sin temor a ser detenido, aunque todavía no estuviese amnistiado.

Sin embargo, algunos de los destinatarios de la amnistía desconfían y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto del bloque conservador como del progresista, avisaron de que el proceso puede no ser tan sencillo.

Los jueces que tengan causas del 'procés' entre manos, con el Tribunal Supremo a la cabeza, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, y el proceso en cuestión quedará en suspenso a la espera de respuesta.

Si hubiera alguien en prisión, tendría que quedar en libertad de forma inmediata, y el juez debería también anular sin demora cualquier orden de detención en vigor, sea nacional, europea o internacional.

El alzamiento de esas órdenes beneficiaría directamente a los dirigentes del 'procés' que huyeron de la justicia española en 2017: Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Pero ese alzamiento automático genera debate al no haberse renovado el órgano desde hace más de cinco años. En su voto particular al informe de la mayoría, los vocales progresistas también alertaron de que si un juez plantea una cuestión prejudicial al TJUE antes de resolver sobre el alzamiento de las medidas cautelares, podría operar el efecto suspensivo del proceso. Es decir, que cualquier decisión quedara a la espera de conocer la decisión del tribunal europea. Que todo siguiese igual.

La ley establece que la aplicación de la amnistía tendrá carácter "preferente y urgente" y, en todo caso, deberá realizarse en un máximo de dos meses, aunque ese plazo quedará en suspenso en los casos en los que el juez eleve la norma al Constitucional o a la justicia europea.

El citado informe del CGPJ, que considera que la norma es inconstitucional y que la amnistía de delitos de terrorismo y malversación podría vulnerar la legislación europea, augura problemas y dificultades en su aplicación. El Constitucional, donde el plazo medio de resolución es de un año, considera que la amnistía es un asunto prioritario por su calado político, por lo que podría resolver en cuestión de meses. En el TJUE la duración media de los procedimientos en 2023 fue de 17,2 meses, según su informe anual.

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