La crisis migratoria en Canarias desata una guerra entre el Gobierno y las comunidades del PP
Ayuso encabeza la rebelión de las autonomías populares contra el Ejecutivo de Sánchez y Escrivá, a los que critican por la falta de información en los traslados masivos de inmigrantes a la península.
La grave crisis migratoria que vive Canarias, con la llegada de más de 28.000 africanos a las islas en los diez primeros meses, ha desatado una guerra entre el Gobierno y el PP. Los ejecutivos autonómicos de Andalucía, Extremadura, Aragón, Canarias y, sobre todo, Madrid, están alzando la voz por la falta de «información», falta de «medios», improvisación o «nocturnidad» en la operación de traslados masivos de 'sin papeles' a la península que ha iniciado el Ejecutivo central. Un operativo, del que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo está facilitando datos parciales y con cuenta gotas, que busca descongestionar las islas ante una situación que amenaza con superar la denominada crisis de los cayucos de 2006, cuando en un año llegaron 31.678 personas al archipiélago.
Tras un conato a cuenta de la reforma pendiente de la financiación autonómica y del pleno en el Senado contra la amnistía a los encausados del 'procés' celebrado hace una semana, este es el primer gran enfrentamiento entre el Gobierno en funciones de Sánchez y los ejecutivos autonómicos del PP; el contrapoder territorial de que disponen los populares para responder a las políticas de la Moncloa.
Este jueves, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, por primera vez dio una cifra aproximada del volumen de ese operativo que ha puesto en pie de guerra al PP al reconocer que han sido entre 5.000 y 6.000 los inmigrantes que el Gobierno ha trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la península. Según el ministro, en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las islas y 7.000 en la península, aunque «no todos vienen de Canarias», precisó.
No obstante, los planes de su ministerio, según diversas fuentes, pasan por alojar en el continente en breve a unos 11.000 inmigrantes, buena parte de ellos en cuarteles en desuso (en Madrid ya se trabaja en acondicionar instalaciones de Carabanchel y Alcalá de Henares), además de en residencias, hoteles y hostales.
"Llamas del odio"
Precisamente, Escrivá se ha convertido en el ariete del Ejecutivo central contra las autonomías 'rebeldes' populares y los responsables del PP. El ministro ha acusado en los últimos días a Isabel Díaz Ayuso de marcar el paso al resto de ejecutivos del PP en contra de la operación de traslados. Incluso ha afeado directamente a diputados de la oposición, como Rafael Hernando, que aticen «las llamas del odio» por asegurar que el «gobierno sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena» con los vuelos a la península.
Este jueves, el titular de inclusión siguió alimentando la polémica al afirmar que «se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista con este asunto» cuando en realidad la llegada de africanos provocada por esta nueva crisis de los cayucos tiene una «dimensión mucho menor» que la operación para acoger refugiados ucranianos porque en esa ocasión se concedió protección temporal a 200.000 personas.
Lo cierto es que Ayuso, tal y como denuncian desde Moncloa, efectivamente está liderando el rechazo a las formas en que se está llevando este operativo, en el que un millar de sin papeles se van a alojar en la comunidad de Madrid. Este jueves, la presidenta se mostró especialmente dura. «Canarias llevaba mucho tiempo avisando y Sánchez no ha hecho nada hasta ahora», argumentó. «Solo cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando se ha tomado una medida como esta, con nocturnidad a través de los aeropuertos», afirmó la Ayuso, quien acusó al Ejecutivo central de enviar a los extranjeros a la península para «quitárselos de encima pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras».
"Coordinación"
El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte ha insistido en los últimos días en que el Gobierno de España tiene que abordar el traslado de los inmigrantes de una comunidad autónoma a otra «de manera coordinada» e informando «previamente» a estos territorios. En Andalucía, al menos 500 inmigrantes van a ser acogidos entre Almería y Málaga. Fernando Clavijo, el presidente canario que gobierna con el apoyo de los populares, ha tachado la gestión del Ejecutivo central de esta crisis de «insuficiente e inadecuada».
En la Junta de Extremadura afirman que se enteraron de la llegada de 140 inmigrantes a Malpartida (Cáceres) por el alcalde de la localidad y un grupo de Whatsapp. Por su parte, la consejera aragonesa de Bienestar Social y Familia, Carmen María Susín, ha calificado ya de «deslealtad institucional» y de «irresponsabilidad» el traslado de otro grupo numeroso de inmigrantes a Huesca.
Según los últimos datos a los que ha tenido acceso este periódico, también se están produciendo o se van a producir en breve «derivaciones» de inmigrantes a la localidad vallisoletana de Medina del Campo con al menos 150 africanos; otros 400 a Galicia de los que 350 acabarán en Sanxenxo, donde ya se ha criticado el «oscurantismo» de la operación; y la Comunitat Valenciana tiene planes ya para dar acogida a otros 350. Además se montarán campamentos temporales en un antiguo hospital militar en Cartagena (Murcia) y en Sevilla.
Y es que Canarias vive ya la mayor crisis migratoria desde que en 1994 los primeros cayucos se aventuraran desde las costas occidentales de África a ganar el archipiélago español. En las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que se remontan a 2002, no hay cifras parangonables. Las islas, según los datos todavía provisionales con los que trabaja el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, superan ya este octubre las 28.000 llegadas en 2023, un ritmo muy superior al de la famosa 'crisis de los cayucos' de 2006 que entonces desembocó en ayudas millonarias a países atlánticos africanos para frenar una oleada sin precedentes.
