Cómo tendrá que acreditar el colectivo LGTBI su condición para tener prioridad en el SEPE

El proyecto de Ley de Empleo destaca en especial a las personas trans como un colectivo vulnerable, por lo que les otorga prioridad para acceder al mercado laboral.

Colectivo LGTBI y empleo.
Colectivo LGTBI y empleo.
K. U.

El proyecto de la nueva ley de Empleo del Ejecutivo, actualmente en tramitación parlamentaria, tiene por objetivo transformar "las políticas laborales a través de la formación, orientación y el acompañamiento de personas vulnerables", planteando la atención prioritaria en el acceso a programas activos de empleo a determinados colectivos. 

Entre estos sectores de la población la normativa, en su artículo 50, destaca al colectivo LGTBI, "en particular a personas trans", además de quienes padecen discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género y personas afectadas por drogodependencias, entre otros. 

De salir adelante la norma tal y como se encuentra redactada a día de hoy, las personas  lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) tendrán que "acreditar de forma voluntaria" su situación personal, según ha especificado el Ministerio de Trabajo, en el caso de querer contar con esa "atención prioritaria" en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

"Lo que se pretende al incluir al colectivo LGTBI como vulnerable y, por tanto, prioritario para acceder a determinadas políticas de empleo es ayudar a aquellas personas que por su orientación sexual hayan podido sufrir discriminación a la hora de buscar un trabajo", indican fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por HERALDO.

"Una circunstancia que solo constará si así lo manifiesta la persona interesada. Ningún ciudadano ni ninguna ciudadana tiene que decir ni en el SEPE ni en el marco del Sistema Nacional de Empleo si pertenece a un determinado colectivo o no ni tampoco su orientación sexual, excepto en los casos en lo que los interesados así lo consideren", confirman las mismas fuentes.

Esta decisión "personal" no supondrá una "no constará en el expediente", según concretan desde el ministerio, desde donde aseguran que para obtener atención preferente el colectivo LGTBI deberán presentar documentos "como una sentencia por discriminación o una declaración responsable, entre otras fórmulas, de manera libre y voluntaria".

¿Un mecanismo idóneo o discriminatorio?

Sobre la idoneidad de este mecanismo, Trabajo defiende que en el colectivo LGTBI puede haber personas "estigmatizadas" y con problemas de empleabilidad, por lo que "legalmente tienen derecho a ser protegidas contra la discriminación". 

"Aplaudimos la medida, sin duda alguna. Los últimos estudios publicados por UGT sobre la empleabilidad de las personas trans certifican que un 80% tiene problemas para encontrar un trabajo y tardan de media más de tres años en encontrar un puesto en el mercado laboral, un promedio que, además, crece considerablemente en cada tramo generacional a partir de los 30 años. Es el claro ejemplo de que los transexuales sí somos un colectivo vulnerable", comenta Iron Simancas, presidente del colectivo Magenta LGTB Aragón.

Igualdad de oportunidades para todos

Desde la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón, entidad que también apoya el proyecto de la ley de Empleo, inciden en que la "población trans siempre ha sido vulnerable". "Está muy bien que lo reconozcan, pero se deberían desarrollar programas para revertir esta situación y que, de verdad, existieran las mismas oportunidades para todos. No se puede empezar la casa por el tejado", declara Juan Diego Ramos, presidente de SOMOS LGTB+ de Aragón.

"Es cierto que el colectivo tiene dificultades para acceder a según qué sectores del mercado laboral. Y hay un problema añadido, que es la propia discriminación en el puesto de trabajo. Por eso es tan importante potenciar los planes de igualdad en las empresas y aprobar leyes como la trans que está a la espera de aprobación", comenta Juan Diego.   

La ley de empleo salió del Consejo de Ministros el pasado junio y desde entonces está tramitándose en el Congreso sin que aún exista una fecha prevista para su aprobación definitiva. No obstante, en su momento la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz la definió como "imprescindible para la recuperación, el futuro de nuestras empresas y de nuestro país".

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