Aragón reclama a Trabajo que mantenga las ayudas al empleo de personas con discapacidad
La DGA remite un informe con alegaciones al anteproyecto de ley que recorta algunos incentivos a las contrataciones de este colectivo.
El Gobierno aragonés y las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad han consensuado un documento en el que exigen al Ministerio de Trabajo que mantenga el actual sistema de bonificaciones para la contratación de este colectivo. Con este documento responden al anteproyecto de ley elaborado por la cartera que dirige Yolanda Díaz y que contempla recortar algunos de los actuales incentivos. Ello podría afectar tanto a las empresas ordinarias como a los 71 centros especiales de empleo que cuentan en sus plantillas con 3.000 contratados con discapacidad.
En los últimos días el Inaem (Instituto Aragonés de Empleo) ha hablado con las principales entidades representativas del sector de cara a presentar este informe alineado con sus demandas. La directora del Inaem, Elena Guinda, se reunió este viernes con la junta directiva de Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para ultimar las alegaciones. Fuentes del Departamento de Economía del Ejecutivo autonómico señalaron también que en la última Conferencia Sectorial de Empleo, Aragón ya trasladó al Ministerio su "preocupación" por los cambios que se establecen y le pidió "diálogo con el sector".
El presidente de Cermi Aragón, Luis Gonzalo, valoró positivamente la "sensibilidad" de la DGA con este tema y criticó que este anteproyecto, que el Ministerio tenía intención de aprobar antes de que finalice el año, se haya elaborado "sin luz ni taquígrafos". Insistió en que el sector va a luchar por la "retirada" de una normativa que supondría "retroceder a los años ochenta del siglo pasado" en el impulso y mantenimiento de este empleo protegido.
La principal modificación y más grave, explicaron desde Cermi, es que se elimina la bonificación del 100% para la contratación en los centros especiales de empleo. Más del 70% de su plantilla, por ley, deben ser profesionales con discapacidad. En su lugar, establece subvenciones lineales para los contratos de carácter indefinido.
Esta reforma también perjudica, según Cermi, a cualquier tipo de empresa que colabora en el fomento del empleo de personas con discapacidad. Afectaría además al grupo social ONCE, donde un 59% de los empleados tienen algún tipo de discapacidad.
En la nueva normativa, las cuantías de los incentivos se establecen por cada contrato suscrito a tiempo completo. En los supuestos de contratación a tiempo parcial, señalaron desde Cermi, se reducirían proporcionalmente en función de la jornada establecida, sin que esta pueda ser inferior para su aplicación al 50% de la de una persona a tiempo completo.
El presidente de Cermi Aragón recordó la baja tasa de ocupación de este colectivo. Solo el 34% de las personas con discapacidad que podrían trabajar tienen un puesto. En el caso de las mujeres, este porcentaje se reduce drásticamente al 17%.
