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La Audiencia Nacional mantiene el cierre de los bares a la 1.00 de la madrugada

Desestima así la petición cautelar de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON) para dejar sin efecto la orden del Gobierno del pasado 14 de agosto que unifica en toda España esta medida.

TERRAZAS, FASE 2 DESESCALADA. CORONAVIRUS / 26-05-2020 / FOTO: LAURA URANGA [[[FOTOGRAFOS]]]
Una terraza zaragozana en fase 2.
Laura Uranga

La Audiencia Nacional ha acordado mantener vigente la orden del Gobierno para cerrar los bares y restaurantes a la una de la madrugada, al considerar que, pese a las pérdidas económicas para el sector, debe prevalecer la protección de la salud pública ante la pandemia del coronavirus.

Así lo ha determinado la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en un auto en que desestima la petición cautelar de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON) para dejar sin efecto la orden del Gobierno del pasado 14 de agosto para unificar en toda España el cierre de este tipo de establecimientos a la una de la madrugada.

La patronal de ocio nocturno denunció en su recurso la "estigmatización injusta" que cree que sufre el sector y advirtió de que mantener el cierre, además de provocar un perjuicio económico al sector durante el verano, podría generar un "factor miedo" que alejaría a los turistas de España.

Antes de resolver sobre el fondo del asunto, la Audiencia desestima la suspensión inmediata de la orden para mantener cerradas las discotecas y que los bares y restaurantes bajen la persiana a la una de la madrugada, ya que considera que prevalece el interés público "concretado aquí en la necesidad de proteger la salud pública" frente a la "afectación singularizada" que sufrirán los titulares de los establecimientos de ocio y hostelería afectados.

La Audiencia resalta que las medidas acordadas por el Gobierno tienen un "evidente fundamento sanitario", dados los riesgos de transmisión del coronavirus, por lo que acuerda que siga vigente la orden, aunque admite la petición de FECALON para resolver este litigio con una "especial urgencia".

"Ciertamente, hay un interés de los empresarios del sector del ocio y la hostelería en evitar los perjuicios económicos que la ejecución de tales actuaciones les pueda ocasionar, pero la naturaleza de los intereses en conflicto y la preponderancia del interés general consistente en la protección de la salud pública impiden adoptar la medida cautelar interesada", insiste la Audiencia.

La patronal del ocio nocturno FECALON recurrió la orden aprobada por el ministerio de Sanidad el pasado 14 de agosto -para unificar en toda España la hora de cierre de estos establecimientos- y pidió que de forma cautelar se dejara sin efecto hasta resolver sobre el fondo del asunto.

Según argumentó la patronal en su recurso, si no se suspende el cierre de los locales a la una de la madrugada se generarían "innumerables perjuicios" a las empresas del sector, "ya fuertemente castigadas como consecuencia de la crisis sanitaria, dado que o bien se produciría su cierre, o bien se paralizarían miles de centros empresariales, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo".

FECALON insistía en su recurso en la necesidad de buscar un "equilibrio" conciliando la protección de la salud y los intereses de los centros de ocio y hostelería, al considerar que se produce una "estigmatización injusta" de estos locales, que han elaborado una guía de medidas higiénico-sanitarias "cuya efectividad ha quedado demostrada".

Según la patronal, el cierre a la una de los locales les lleva a reducir ingresos directos -especialmente en verano, cuando esperaban recuperar parte de las pérdidas originadas en los primeros meses de pandemia-, la pérdida de empleos o la reducción de salarios, así como la repercusión negativa en sectores como la alimentación, las bebidas, la distribución y el turismo.

No obstante, la Audiencia, pese a reconocer que es "evidente" que la orden del Gobierno causa perjuicios a las empresas de ocio, hostelería y restauración, opta por desestimar su suspensión cautelar al concluir que debe prevalecer la necesidad de proteger la salud pública. 

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