El Gobierno aprueba el ingreso mínimo que beneficiará a 850.000 hogares y empezará a cobrarse en junio
Pablo Iglesias, ha confirmado que el ingreso mínimo vital arrancará con un mínimo de 461,5 euros al mes en 12 pagas. "Hoy es un día histórico", ha asegurado.
El Gobierno ha aprobado este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.
Así lo ha avanzado sobre las 12,00 de este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de Twitter, poco antes de la rueda de prensa programada para explicar los detalles de esta medida, en la que está previsto que comparezca junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Aprobado el #IngresoMínimoVital en el Consejo de Ministros. #SíSePuede ✊
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 29, 2020
Según fuentes del Gobierno, se estima que esta prestación llegue a 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los 850.000 hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.
Parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas
Ya en la rueda de prensa, el vicepresidente y el ministro Escrivá han detallado en qué consiste y cómo se va a implementar este ingreso mínimo vital.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva.
El máximo será de 1.015,3 euros al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños, entre otras, en tanto que se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad de 100 euros.
"Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia", ha destacado Iglesias
Iglesias ha avanzado además que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la crisis del covid-19 se pueda acoger también a este ingreso, una reivindicación de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza.
En este sentido ha explicado que el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, los totales del año anterior deberán ser inferiores a la renta garantizada anual.
Por ejemplo, según ha dicho, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. "Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la covid-19", ha añadido.
Según Iglesias, esta posibilidad ha llevado "mucho trabajo" al Gobierno porque normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior. Sin embargo, ha insistido en que la crisis del coronavirus, con sus consecuencias económicas y sociales, se ha producido en 2020. "Por eso hemos estado trabajando mucho", ha insistido.
Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores. Para acceder a la prestación, se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.
Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.
Asimismo en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.
También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un "incentivo" al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.
Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. Podría complementarse, además, con otras prestaciones de las comunidades autónomas.
Test de riqueza
Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un "test de riqueza". Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual.
Según indicó la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es "reducir la pobreza severa en torno a un 80%" en España.
En cuanto a la negociación con las CCAA, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la "cogestión" del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.
También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que "no se entendería" que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque "ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas".
Igualmente se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado "arriesgado" que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
