Despliega el menú
Economía

economía

El ingreso mínimo vital oscilará entre 461 y 1.100 euros y el Gobierno no recortará las pensiones

La renta con la que el Estado pretende combatir la pobreza llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas.

El ministro José Luis Escrivá el pasado miércoles en Madrid.

El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el Estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según ha adelantado este domingo el titular de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá.

Asimismo, Escrivá ha asegurado que el Gobierno no recortará las pensiones para paliar el impacto económico derivado de la crisis del Covid-19 y ha señalado que seguirá avanzando en la reforma laboral "cuando proceda".

En una entrevista que publica 'El Periódico', el ministro explica que el ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas. El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes.

Esa cifra, ha precisado el ministro, "se corresponde con el 20% más pobre de la sociedad española". "Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda", ha agregado.

Catorce tipologías

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio "por debajo de un umbral" que el Gobierno va a fijar "para cada una de las catorce tipologías" que definirá, "sin tener en cuenta la vivienda habitual", ha puntualizado. "Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso", ha indicado.

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. "Será menor", ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, "para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas". "Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental", ha remarcado. 

A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, ha informado, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, "con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80%  son mujeres", ha puntualizado.

"Sello social"

La implantación de esta prestación, ha indicado, obligará a su vez a las autonomías "a redifinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado". Escrivá ha incidido en que "un porcentaje significativo de beneficiarios" del nuevo ingreso "será de origen extranjero, siempre que se constate que tenga residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forma parte de un hogar durante un año y que cumple las condiciones".

Según las previsiones del Gobierno, "en junio podrían cobrar quienes se beneficien del pago de oficio". El Ejecutivo, en la búsqueda de la implicación del sector privado, creará también el llamado "sello social", dirigido a "empresas que ayuden a encontrar empleo" a los perceptores del IMV, cuya implantación supondrá un coste para el Estado de unos 3.000 millones.

Escrivá ha afirmado que "nunca" entendió "que existieran" diferencias con el vicepresidente Pablo Iglesias para el diseño del IMV, y respecto al acuerdo alcanzado con Bildu para la derogación de la reforma laboral ha señalado que "el compromiso está ahí y algunas de las medidas ya se han adoptado". 

No se recortarán las pensiones

José Luis Escrivá también ha asegurado que el Gobierno no recortará las pensiones para paliar el impacto económico derivado de la crisis del Covid-19 y ha señalado que seguirá avanzando en la reforma laboral "cuando proceda". El ministro no ve ningún motivo para pensar que se pueda aplicar un recorte de las pensiones para aliviar las tensiones motivadas por el coronavirus.

"No veo ninguna razón para pensar eso. En ningún caso. El compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones y no veo ninguna razón por la que la situación actual deba modificarlo", explica el ministro.

En cuanto a la reforma de las pensiones, señala que se tiene que volver a reunir el Pacto de Toledo, que, en su opinión, estaba "muy cerca" de un acuerdo, aunque afirma que ahora las prioridades han cambiado por la pandemia y que en cuanto se pueda se retomará el trabajo y se fijará un calendario.

Asimismo, el titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirma el compromiso del Ejecutivo de derogar la reforma laboral que impulsó el PP, aunque indica que esto se hará "cuando proceda".

"El compromiso está ahí y algunas de las medidas ya se han adoptado. Cuando proceda se seguirá avanzando", señala, al tiempo que añade que en la actualidad está determinada por la emergencia de la crisis del coronavirus.

Por ello, resalta la importancia de apoyar "de una forma muy intensa" tanto a trabajadores como a empresas, "protegiendo sus rentas y dando mecanismos de flexibilidad como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para ayudar en el necesario reajuste del capital y el trabajo ante una realidad nueva y exigente". 

Tasa a las grandes fortunas

Por otro lado, Escrivá subraya que la aplicación de una eventual tasa a las grandes fortunas tiene una capacidad recaudatoria "bastante reducida" y señala que el Gobierno tiene un plan presupuestario a cuatro años en el que se recogen sus compromisos impositivos.

El ministro destaca que se ha pedido a la Autoridad Fiscal un "análisis en profundidad" en el que se están evaluando 60.000 millones de beneficios fiscales y afirma que el "otro foco" se concentra en la fiscalidad medioambiental.

Respecto al incremento de la deuda y el déficit por la crisis de la covid-19, indica que el impacto dependerá mucho de la duración de esta crisis, por lo que aboga por definir una senda "ambiciosa y creíble" de consolidación y de vuelta a unos niveles de deuda "más sostenibles"

Además, apunta que la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos está previsto que se mantenga hasta que finalice el mes en el que acabe el estado de alarma (junio) y que después se hará como en el caso de los ERTE y se dirán los sectores que pueden mantener un "trato especial".

Siga toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Etiquetas
Comentarios