De macrobotellón a batalla campal contra la Policía en Zaragoza: una 'resaca' de 52 años de cárcel
Los graves desórdenes públicos registrados el día del Pilar de 2021 obligaron a intervenir a los antidisturbios. Trece jóvenes se jugarán ahora penas de hasta 5 años en el juicio.
El día 12 de octubre es el día grande de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Pero en el año 2021, cuando todavía estaban vigentes las restricciones de la covid, los bares cerraron antes y aquello dio lugar a un macrobotellón con más de 1.500 jóvenes en la plaza del Justicia, auténtico ‘corazón’ de la zona del Casco Viejo. Aquella masiva concentración acabó en batalla campal, ya que un grupo de 18 alborotadores empezaron a causar daños y obligaron a intervenir a los antidisturbios de la Policía Nacional.
Los agentes fueron recibidos con una lluvia de botellas de cristal y atacados hasta con una pala de hierro, por lo que tuvieron que defenderse lanzando pelotas de goma. Aún así, siete de ellos resultaron lesionados. La resaca de aquella madrugada podría dejar ahora hasta 52 años de prisión.
El Juzgado de Instrucción número 12 ha concluido las pesquisas y ha dictado auto de apertura de juicio oral, aunque todavía no hay fecha para una vista que celebrará el Juzgado de lo Penal número 1 en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y que se prevé larga. Los detenidos por estos graves altercados fueron 18, pero cinco de ellos eran menores de edad y no se sentarán ahora en el banquillo. Los ‘mayores’ han sido acusados de delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños y atentado a la autoridad, por lo que podrían pasar una larga temporada entre rejas.
La Fiscalía no es la única que acusa, pero sí la que lleva a juicio a más acusados. Trece en total, para los que propone condenas de cuatro años de prisión, multas de 3.600 euros e indemnizaciones que suman unos 10.000 euros. Pero en la bancada de las acusaciones estarán también los abogados Marco Antonio Navarro, en representación del sindicato policial Jupol, y Pilar Sangorrín, en nombre del SUP. Junto a estos, la abogacía del Estado, por el Consorcio de Compensación de Seguros, que tuvo que asumir los daños sufridos por varios vehículos policiales y el mobiliario urbano, y los letrados Noemí González y David Hoyos, que representan a varios de los agentes lesionados.
De las acusaciones particulares, la que pide más pena de prisión es el SUP, con condenas individuales de cinco años para nueve encausados. Desde Jupol acusan a ocho de los jóvenes y proponen castigos de cuatro años de cárcel por los delitos de atentado y desórdenes públicos, como el Ministerio Público. Sin embargo, por los daños exige multas.
Jaleados por uno de los procesados
Los desórdenes se iniciaron en torno a las 2.15 de la madrugada del Día del Pilar en la plaza del Justicia, pero se extendieron hacia las calles aledañas e incluso las Murallas Romanas y se prolongaron durante unas dos horas, en las que un grupo de jóvenes llegó a acorralar a varios agentes. Gracias a las grabaciones de varias cámaras, se identificó como uno de los principales ‘incendiarios’ de la fiesta al procesado Sikou B., quien no solo habría jaleado a la masa contra la Policía Nacional sino que llegó a descolgarse de la fachada del Hotel Catalonia para arrancar varias letras del nombre.
Según las acusaciones, este lanzó después botellas y cristales y agredió a algún agente. A otro de los alborotadores, Víctor C. R., se le acusa de lanzar también botellas a la espalda de los funcionarios actuantes y de encararse con uno portando una pala de hierro.
En un primer momento, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional llevó a cabo un despliegue defensivo y sin uso de medios antidisturbios, ya que no se pretendía desalojar la plaza, dada la multitud congregada, sino disuadirla de que dejara de lanzar objetos. Sin embargo, el aumento de la hostilidad obligó a hacer un repliegue para reagrupar y reorganizar a los agentes hasta la confluencia de la calle Manifestación. Como se recoge en el escrito de la Fiscalía, fue entonces cuando se recurrió a la Unidades de Intervención Policial (UIP)y al uso de material de antidisturbios, como pelotas de goma, para disolver a los alborotadores.
Al final, siete de los funcionarios resultaron heridos, con lesiones que les tuvieron sin poder trabajar entre cinco y trece días, según el informe forense.
Las defensas, que ejercen, entre otros, los abogados José Luis Melguizo, Carmen Sánchez Herrero, Raquel Ginés y Cristian Castejón, mantienen que los hechos no ocurrieron tal y como describen las acusaciones, lo que alegarán en la vista para intentar evitar la condena de los encausados.
