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El error que dejó en el aire 7,4 millones de ayudas al transporte público en Zaragoza, “a punto de resolverse”

El Ayuntamiento confía en una resolución favorable a la espera del último informe de la Abogacía del Estado.

Marquesina de un autobús urbano en Zaragoza.
Marquesina de un autobús urbano en Zaragoza.

El “error administrativo” del Ayuntamiento de Zaragoza que dejó en el aire los 7,4 millones de euros de las ayudas del transporte público y que forzó el cese del número dos de Movilidad, Miguel Ángel García Muro, estaría ya a punto de resolverse. El área de Medio Ambiente y Movilidad espera noticias del Gobierno de España en las próximas semanas, y aunque prima la cautela, todo apunta a una resolución favorable.

La titular del departamento, Tatiana Gaudes, ha confirmado este martes tras el Gobierno de Zaragoza que lo último que saben es que “está informando Abogacía del Estado”, encargada de emitir el último informe para que la aprobación de las ayudas, que han permitido bonificar los abonos y las tarjetas multiviaje al 50%- vaya a Consejo de Ministros.

Desde el Consistorio siempre han creído que el retraso a la hora de pedir las ayudas se resolvería sin mayores contratiempos. La espera, no obstante, ha sido larga, ya que desde que ZEC advirtió del error han pasado ya cuatro meses.

El Ayuntamiento tenía hasta el 31 de julio para cursar la solicitud, pero pasado el plazo, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no constaba, encendiendo todas las alarmas. En un principio, desde la plaza del Pilar apuntaron a un “error informático”, ya que ciudades como Burgos o Pamplona se encontraban en la misma situación, pero días más tarde, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, reconoció que en realidad todo se debía a una concatenación de errores humanos y a un “déficit de control”. 

La polémica costó el gobierno duras críticas de la oposición. Especialmente al conocerse el contenido de una carta firmada por la propia concejala de Movilidad previa a las palabras de la regidora en la que se hablaba de un error de coordinación en la asignación de las nuevas competencias tras las elecciones locales y de que la documentación “no se llegó a enviar al Mitma”, sino que se mandó “equivocadamente” al Gobierno de Aragón.

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