Cerca de 15.000 vecinos de Garrapinillos y Casetas se quedan sin bonificación del IMAR y tendrán que pagar un 60% más
El PSOE insta al Ayuntamiento de Zaragoza a acordar una solución con el Gobierno de Aragón. Desde ZEC piden explicaciones y urgen medidas para "atajar de inmediato" el "agravio".
Cerca de 15.000 vecinos de Casetas y Garrapinillos han comenzado a pagar un 60% más por el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) tras perder la bonificación que se aplica a los contribuyentes de Zaragoza. Ambos barrios rurales depuran sus aguas en la planta de Utebo, pero pagan la tasa de Ecociudad como el resto por el saneamiento, de ahí que no entiendan la decisión.
Para la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, esto ha generado una situación de “discriminación”. “Se ha vulnerado el principio de equidad territorial. Deberían ser tratados igual que el resto, no tendrían que estar pagando más”, ha dicho acompañada por el alcalde pedáneo de Garrapinillos, Mariano Blasco, y el presidente de la asociación de vecinos de Casetas, José Luis Almenara. La edil confía en que el Ayuntamiento y la DGA “acuerden coeficientes correctores o mecanismos de compensación” para poner fin a esta situación. “Es urgente que se lleve a la bilateral o se resuelva entre administraciones”, ha señalado, recordando también que el Ejecutivo autonómico recauda al año cerca de 13 millones de euros en Zaragoza por este tributo, sustituto del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). “Azcón le decía a Lambán que tenían que llegar una serie de inversiones que aún están pendientes”, ha agregado.
Para Ranera, “urge que el Ayuntamiento” se ponga a resolver este problema. Blasco también lo ve así. Él ha pasado de pagar 25 euros al año a 18 al trimestre. “Todos hemos contribuido a financiar la depuradora de La Cartuja, pero la bonificación ha desaparecido desde el recibo correspondiente a enero de 2022, que se giró el pasado mes de octubre, y nos han empezado a aplicar el 100% como si fuésemos entes municipales separados de la ciudad de Zaragoza. Seguimos siendo barrios rurales, debemos disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”, ha manifestado.
A su entender, es prioritario que se llegue a un acuerdo con el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y que todo lo cobrado de más “se revierta” a los contribuyentes afectados. “Representamos el 50% de los vecinos de los barrios rurales de Zaragoza. Me voy a poner en contacto con el alcalde de Casetas para adoptar medidas conjuntas y llevaré el problema al consejo de alcaldes de este miércoles, al que espero que vengan con una solución. Me parece muy grave que nos estén discriminando por verter a la depuradora de Utebo. Si es preciso, iremos al Justicia de Aragón”, ha advertido.
En esta línea, Almenara ha recordado que ellos no han elegido verter a Utebo, sino que simplemente lo hacen “por proximidad y lógica”. “Como asociación de vecinos vamos a emprender todas las acciones que estén en nuestra mano, no descartando una recogida de firmas. Esperamos que todo esto se resuelva los más pronto posible”, ha aseverado.
Hay vecinos que ya se han dirigido al IAA para dar parte de la situación. “Se les ha contestado que Zaragoza tiene una bonificación del 60% por tener una depuradora autosubvencionada, mientras que Casetas vierte a Utebo y su planta está gestionada por el Instituto Aragonés del Agua, por lo que no procede la bonificación. Es más, dicen que la cuota se tendría que haber cobrado íntegra desde 2016. Pero nosotros no somos un municipio, somos barrios rurales integrados en Zaragoza”, ha recalcado.
Según Ranera, quien tiene que dar el paso ahora es el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene pendiente firmar un convenio con el Ejecutivo autonómico “desde hace más de un año” para que estos dos barrios rurales paguen lo mismo que el resto.
El problema fue denunciado ya este pasado fin de semana por la plataforma 'Casetas es más, apoyada por ZEC, Podemos y CHA', que ve "inaceptable" este agravio comparativo y pide que, o bien se rectifique o que el Ayuntamiento ponga el 60% correspondiente a la bonificación.
Los comunes han vuelto a pedir explicaciones este lunes y consideran que este "agravio" es "inasumible" y "debe atajarse de forma inmediata".
Mientras, desde el Consistorio recuerdan que este es "un impuesto autonómico" y que la ley viene de los años de gobierno de Javier Lambán. No obstante, se comprometen a estudiar este caso.
