Las cuatro empresas que optan al nuevo Bizi prueban sus modelos en Zaragoza

El expediente será elevado próximamente a la mesa de contratación.

Estación Bizi situada frente a la facultad de Económicas, en la Gran Vía
Estación Bizi situada frente a la facultad de Económicas, en la Gran Vía
Francisco Jiménez

Las cuatro empresas que optan al nuevo servicio Bizi –Cooltra Motos SL, la UTE Transportes Urbanos de Zaragoza-Tyer Mobility, la UTE Serveo Servicios-PBSC Urban Solutions y la UTE Urbaser-Movilidad Urbana Sostenible– han hecho pruebas en las últimas semanas en Zaragoza para comprobar el funcionamiento de sus bicicletas y enganches. 

La renovación del Bizi permitirá ofertar bicis eléctricas de pedaleo asistido en todos los barrios. No obstante, cada una de estas empresas se presenta al concurso público con un modelo distinto, de ahí que desde el área de Medio Ambiente y Movilidad se haya querido ponerlas a prueba para tener toda la información de cara a hacer una valoración técnica. 

El expediente tiene que ser llevado todavía a la mesa de contratación. Una vez que se determine la puntuación de cada una –que podrá plantear mejoras tanto desde el punto de vista económico como operativo– se hará una propuesta de adjudicación y se desvelará cuál de ellas gestionará el nuevo Bizi.

A licitación el proceso participativo del plan de seguridad vial

El Ayuntamiento ha sacado a licitación por 15.982 euros, IVA incluido, el contrato que dará cobertura al proceso participativo y la posterior redacción de la documentación necesaria para la elaboración del reivindicado plan de seguridad vial. En el primero participarán víctimas de accidentes de tráfico, sanitarios, colectivos ciclistas y de VMP, taxistas, sindicatos o asociaciones de vecinos, entre otros.

El repunte de atropellos de los últimos meses hizo que partidos y colectivos sociales volvieran a reclamar al Consistorio el plan de seguridad, del que se viene hablando desde finales de 2022. No obstante, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, aseguró que necesitará al menos seis meses más para ver la luz. No en vano, el propio plazo de ejecución da medio año al adjudicatario para desarrollar estas fases.

Una vez concluido el proceso participativo se elaborará un catálogo de medidas para reducir la siniestralidad, iniciativas que deberán ir acompañadas de un presupuesto estimado y un cronograma de implantación.

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