zaragoza
La comisión del bus determina que la prórroga es legal pero que Chueca la ocultó
Vox suma sus votos a la izquierda para criticar la "falta de transparencia" del PP.
La prórroga por cuatro años del contrato del bus urbano fue legal. Pero la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entonces en su papel al frente del Área de Movilidad, omitió durante varios meses una decisión que ya había tomado y fue "incongruente" en su intervenciones públicas sobre este asunto. Son algunas de las conclusiones que se desprenden de la comisión de investigación que impulsaron los grupos municipales para analizar la medida tomada a finales de julio por el gobierno del PP, que deja a la empresa Avanza hasta el mismo mes de 2027 al frente del servicio.
Tras celebrar la sesión con las intervenciones, entre ellas las de propia regidora y la portavoz socialista Lola Ranera, este lunes los concejales votaron y acordaron las resoluciones. Salieron adelante 5 de las presentadas por el PP, 4 de las que llevó el PSOE, 2 de Vox y ninguna de ZEC, que se quejó de "rodillo" y acusó a la derecha de "no dejar investigar".
Quedó claro que la ampliación del contrato cumple la legalidad, ya que de hecho los propios pliegos contemplan la posibilidad de extender su vigencia durante cinco años más allá de los diez previstos inicialmente. Es lo que defendió el portavoz del PP, Ángel Lorén, que presidió la comisión. Dijo que más de 90% de los contratos del Ayuntamiento acaban ampliando su validez y apuntó que en este caso venía motivada por la inversión que hizo la concesionaria para comprar los nuevos autobuses eléctricos y adecuar las cocheras.
Volvió a desmarcarse sin embargo Vox del gobierno, sobre todo a la hora de votar las conclusiones que tenían que ver con la transparencia. Con su apoyo permitió sacar adelante cuatro de las presentadas por los socialistas, que entre otras cosas venían a decir que Chueca conoció la necesidad de prorrogar la contrata e inició los trabajos para hacerlo entre enero y febrero. Sin embargo no fue hasta poco antes de las vacaciones de verano cuando se aprobó y se hizo público, después de las elecciones municipales tal y como incidió el concejal socialista Chema Giral.
"La decisión de ampliar el contrato, que la propia Chueca decía que estaba anticuado, fue arbitraria y mintió al tomar una decisión que ocultó a los ciudadanos. Eso ha quedado meridianamente claro", declaró el edil. Lorén respondió diciendo que le parecía "casi insultante" que "un partido como el PSOE" les critique "la oportunidad política".
Vox se alineó con los grupos de la izquierda a la hora de sacar adelante la comisión, que habían propuesto los socialistas, pero después se volvió a colocar del lado del gobierno para rechazar buena parte de los comparecientes que solicitaron, entre ellos el presidente del Gobierno de Aragón y exalcalde, Jorge Azcón, y la actual concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes. PSOE y ZEC les acusaron de bloquear la investigación.
Este lunes el partido de la extrema derecha también permitió que saliera adelante otra resolución que decía que la prórroga resultaba "incongruente" con las manifestaciones públicas de Chueca, en las que hablaba de "las deficiencias y la lesividad del contrato". Y una más que determinaba que existió "una omisión de información" por parte de la alcaldesa.
El portavoz de Vox, Julio Calvo, aseguró que había quedado "suficientemente acreditado" que la decisión se tomó con anterioridad. "Desde que se acometió la compra de autobuses eléctricos era evidente para el gobierno que tendría que recurrir a ella", indicó, e instó por ello a "mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas" por parte del gobierno.
Desde ZEC, Elena Tomás dijo que, a su juicio, con la decisión de ampliar la vigencia del contrato "no se tuvo en cuenta las necesidades del transporte público", sino que "se hizo para apoyar a la empresa Avanza".
