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La Audiencia tumba los recursos que aún podían llevar a prisión al médico que abusó de 32 pacientes

El galeno pactó con la mayoría de las víctimas para evitar acabar entre rejas, pero dos de ellas no aceptaron el trato.

Florentino González Hernández, sentado en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza durante el primer día del juicio.
Florentino González Hernández, sentado en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza durante el primer día del juicio.
Oliver Duch

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha decidido desestimar los dos recursos interpuestos contra la sentencia que condenó a 29 años de prisión al médico del Servicio Aragonés de Salud (Salud) Florentino González Hernández por abusar de 32 pacientes, a las que besaba y tocaba los pechos sin ninguna justificación clínica. El galeno, ya jubilado, reconoció los hechos antes del juicio celebrado en enero, pero se preocupó de alcanzar antes un acuerdo económico con la mayoría de las víctimas para no entrar en prisión.

Dos de las perjudicadas se negaron a negociar cualquier indemnización porque su único objetivo era que el acusado pagara con la cárcel el enorme daño causado a tantas mujeres aprovechándose de su condición de facultativo. Y como la Fiscalía y el resto de víctimas no se opusieron a la suspensión de la condena, estas dos afectadas recurrieron el fallo para impedirlo. Sin haberlo conseguido, de momento.

Para los profanos en materia legal, puede resultar extraño que un condenado a 29 años de cárcel no pise nunca una celda. Pero este podría ser el caso, ya que al investigado se le impuso un año de cárcel por cada uno de los 26 delitos consumados de abusos y otros seis meses de prisión por cada una de las seis tentativas. Y como el Código Penal establece que un encausado solo puede cumplir el triple de la pena mayor con la que sea castigado –un año de cárcel, en este caso–, el galeno zaragozano solo podría ser privado de libertad tres años.

Las víctimas con las que cerró el pacto pusieron varias condiciones para no oponerse a la suspensión de la pena: la primera, que indemnice a todas las mujeres de las que abusó cuando ejercía su profesión en el centro de salud de Parque Goya II y en el ambulatorio de Ricla. Y la segunda, que se le impongan 250 días de trabajos en beneficio de la Comunidad.

Pero las pacientes a las que representaban los letrados Alberto Peiró y Miguel Guillén no se conformaron con estas condiciones e impugnaron la sentencia con intención de que la Audiencia de Zaragoza revisara al alza tanto la pena de cárcel como la indemnización que se impusieron al médico por sus respectivos casos. Tras estudiar sus argumentos, los magistrados de la Sección Tercera concluyen ahora que no cabe lugar a dicha modificación.

Posible recurso de casación

Obviamente, la decisión no ha satisfecho a estas dos víctimas, que habrán de decidir en los próximos días si siguen adelante en su batalla presentando un recurso de casación. De lo contrario, el primer fallo se declarará firme y salvo sorpresa el condenado, al que defiende el penalista José Luis Melguizo, no ingresará en el centro penitenciario de Zuera.

El letrado de la Comunidad Autónoma –que también se personó en la causa, al ser declarado el Salud responsable civil subsidiario– también recurrió la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal número 2. En su caso, lo hizo por dos motivos. Por un lado, intentar conseguir que la aseguradora de la sanidad pública aragonesa –Berkshire Hathaway European Insurance– fuera declarada responsable civil directa, lo que no ha conseguido. Por otro, que se incluyera en el apartado de hechos probados la siguiente mención: «El Servicio Aragonés de Salud tenía suscrita una póliza de seguro con la entidad aseguradora Berkshire Hathaway European Insurance». Lo que ha resuelto ahora el tribunal que debe ser aceptado.

Los hechos que sentaron en el banquillo a Florentino González Hernández y que finalmente confesó se produjeron entre mayo de 2020 y abril de 2021. Además de por los abusos sexuales a todas estas pacientes, el facultativo fue condenado con una multa de 1.080 euros por un delito de intrusismo, ya que hizo creer a las víctimas que estaba capacitado y titulado para hacer exploraciones mamarias, cuando en realidad no era así.

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