Zaragoza
La empresa de la residencia estudiantil del Actur renuncia a la licencia en pleno litigio con la DGA
El cuatripartito abrió un expediente de extinción, ya caducado, y el actual Gobierno debe fijar postura. La concesionaria alega que no es financiable porque el modelo impide dar garantías a los bancos.
La concesionaria de la residencia de estudiantes del Actur, Aloha Pirineos, ha renunciado a la licencia municipal que logró hace menos de un año en pleno litigio con el Gobierno de Aragón. Con su decisión pierde las tasas pagadas, pero evita hacer frente a la liquidación millonaria del impuesto de Construcción, que vencía ahora, para aclarar el futuro de un proyecto al que no renuncia pese a las diferencias hasta ahora insalvables con el Ejecutivo autonómico.
El cuatripartito decidió el pasado mes de abril iniciar el procedimiento de extinción de la concesión ante el retraso acumulado en la construcción del equipamiento, cuya adjudicación se remonta al verano de 2021 y que se ha convertido en uno de los fiascos del Gobierno de Lambán. El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, decidió dejar la resolución en manos de su sucesor porque no le parecía ético adoptar una decisión de semejante calado estando en funciones.
Fuentes oficiales del nuevo Ejecutivo PP-Vox indicaron este martes a este diario que el expediente se debía resolver en tres meses, pero se encontraron al llegar al Pignatelli con que está caducado pese a que el posicionamiento de los técnicos y jurídicos era rotundo sobre el "incumplimiento" de Aloha Pirineos.
El consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, deberá ahora tomar una decisión sobre el futuro del proyecto, que en todo caso seguirá adelante aunque requiera sacarlo de nuevo a concurso "con unos nuevos pliegos que garanticen su viabilidad técnica y económica".
Las citadas fuentes oficiales señalaron que la intención es hablar primero con la concesionaria antes de determinar el futuro, aunque adelantaron en la misma línea expresada hace meses por el equipo de Soro la imposibilidad legal de cambiar las condiciones establecidas en el contrato.
"Reconducir" la situación
La posibilidad de salvar la propuesta de construcción de una residencia con 336 estudios a un alquiler asequible, fijado en 386 euros, pasaría por "reconducir" la situación de la mano de Aloha Pirineos.
Si esta posibilidad resulta inviable, solo le quedará a la DGA abrir un nuevo expediente de extinción por incumplimiento y decidir si reclama daños y perjuicios, además de incautar la garantía depositada en su día por la concesionaria, que asciende a 125.000 euros. "Se tomará la mejor decisión en defensa de la Administración y del interés público", añadieron desde el Departamento de Fomento y Vivienda, que recriminaron a sus antecesores que no lo solucionaran "en tiempo y forma".
En todo caso, la intención del Gobierno PP-Vox es agilizarlo. "No vamos a tardar mucho en resolverlo, pero habrá una residencia en la avenida de Pirineos", añadieron sin comprometer una fecha y sin haber habido aún contactos entre las partes.
Por su parte, Aloha Pirineos insiste en que el bloqueo de las obras es responsabilidad del Ejecutivo autonómico, dado que la residencia "no es financiable" como consecuencia de unos pliegos "mal hechos". De hecho, recurrieron al procedimiento de extinción, pero hasta el momento no han recibido una contestación de la DGA.
Avales millonarios
El problema reside en que los bancos exigieron a los socios avales millonarios porque se trata de una concesión demanial y, por tanto, no puede hipotecarse y es inembargable, lo que imposibilita sacar adelante la operación.
Lo que ya se descartó a principios de año es que Aloha Pirineos solventara el problema de financiación con la fórmula que planteó de incluir una garantía. La solución era que el Ejecutivo aragonés o la empresa explotadora que, en su caso, se subrogara los derechos de la residencia asumiera las obligaciones contraídas con las entidades financieras. Los servicios jurídicos de la DGA rechazaron de plano esta posibilidad porque supondría modificar el pliego de condiciones.
Desde la concesionaria insistieron en que no renuncian al proyecto y dejaron claro que van a defender sus intereses. En esta línea, incidieron en que si han renunciando a las licencias urbanística y actividad clasificada concedidas en noviembre de 2022 porque no puede acometer obras "sin sentido" hasta no solventar el "litigio" con la Administración. "El 100% de las empresas habrían hecho lo mismo", apostillaron.
