Los informes del Ayuntamiento de Zaragoza niegan que la DGA sea competente para aprobar la operación Romareda

Los técnicos del Área Urbanismo que han resuelto las alegaciones a la operación Romareda tienen claro no solo que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puede continuar su tramitación mañana jueves en la comisión del Área y el miércoles 29 en el pleno municipal. Además, sostienen que el Gobierno de Aragón no tiene nada que decir respecto a la aprobación definitiva del plan, dado que se trata de un cambio de "menor entidad" para el que la administración municipal está habilitada.

Los grupos conocieron este martes la resolución de las alegaciones presentadas al expediente, todas desestimatorias. En concreto, hay dos particulares que han hecho reclamaciones, además del Gobierno de Aragón (a través de las direcciones generales de Urbanismo y de Patrimonio), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la de vecinos Tío Jorge del Arrabal, Podemos y ZEC. Pero la clave estaba en las formuladas por el Ejecutivo, que considera que el planteamiento municipal es "contrario a la ley".

Tanto el departamento de Planificación y Diseño Urbano como el de Ordenación y Gestión Urbanística rebaten el planteamiento autonómico. El argumento en el que hacen mayor hincapié afecta al elemento mollar de la discusión entre las dos administraciones: cuál es la que en última instancia tiene la competencia para aprobar el proyecto.

Para los técnicos, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es el competente para aprobar el plan. El motivo fundamental que aportan sendos informes es coincidente: se trata de una modificación de "menor entidad" y no "sustancial". En el segundo caso sería el Consejo Provincial de Urbanismo, un organismo dependiente del Departamento de Vertebración de la DGA, el que debería dar el visto bueno al expediente.

Además de corregir algunas de las cifras de las alegaciones autonómicas (la edificabilidad no aumenta como sostiene la DGA, sino que disminuye), lo determinante es que para los funcionarios el hecho de que la modificación afecte a un suelo calificado como sistema general no implica que el cambio sea "de mayor entidad", como dice el Gobierno de Aragón.

Los técnicos concluyen que la operación "no supondrá alteración alguna del uso, volumen, capacidad ni relación con el resto del territorio municipal, metropolitano o regional". En definitiva, que en ese suelo seguirá habiendo un campo de fútbol y una edificabilidad comercial como hasta ahora, al margen de que se agrupen en una parcela y que el uso deje de ser público para pasar a privado y articular de este modo un derecho de superficie durante 75 años.

Recuerdan tres casos (el hospital privado de Quirón, la residencia de Pontoneros y unos suelos para la Feria de Muestras) en los que las modificaciones del PGOU afectaron a sistemas generales sin que el Consejo Provincial de Urbanismo dijera nada. "El criterio para concluir si una modificación debe considerarse de menor entidad no debe ser la relevancia del equipamiento concreto al que se refiere, sino al cambio en sí", dice el departamento de Ordenación y Gestión Urbanística.

Citan la sentencia judicial del recurso contra el hospital, en el que se rechaza el argumento esgrimido ahora por la DGA. También se refieren a otra del Supremo que desestimó un recurso contra la operación del Wanda Metropolitano y en la que se dice que el proyecto, pese a que el suelo pasó de tener titularidad pública a privada, mantuvo "el interés general". Los informes insisten además en que el Ayuntamiento conserva a diferencia del caso del Wanda la propiedad del suelo.

Rechazan además que antes de aprobar esta y cualquier modificación de plan haya que presentar un texto refundido del PGOU, que acumula más de 150 modificaciones desde 2008. En la resolución de las alegaciones se citan informes previos en los que se sostiene que los diversos requerimientos formulados por el Consejo Provincial de Urbanismo son recomendaciones que en ningún caso despojan al Ayuntamiento de su competencia de modificar el planeamiento.

De hecho, deslizan que tras la aprobación de la Ley Urbanística de Aragón se han sucedido diversos cambios legislativos con los que la normativa autonómica y estatal no se ha armonizado. "La confusión es máxima", sostiene el informe del Departamento de Planificación, que invita a la DGA a hacer su propio refundido.

"Un despropósito"

Sobre la alegación en la que la DGA reclama la propiedad de unos 3.600 metros cuadrados de acera que se veían afectados por el campo, el informe del vicegerente de Urbanismo, Pedro Marín, considera "palmario" que el Gobierno de Aragón "ha generado el problema de forma deliberada». Dice que, "desde tiempo inmemorial", son múltiples los ejemplos que existen "de viarios públicos cedidos de hecho en favor del Ayuntamiento pero cuya inscripción registral no consta". Recuerda que el Consistorio ha asumido su mantenimiento y conservación "desde hace más de 50 años", lo que ha supuesto un coste de casi 8,8 millones solo desde 1995.

Y concluye que, «como colofón a este despropósito», el Ejecutivo autonómico inició en 2014 el procedimiento para regularizar la titularidad de los terrenos en favor del Ayuntamiento pero finalmente la propia administración no lo llevó a efecto, lo que el vicegerente considera "un intento de dificultar o dilatar el desarrollo y la construcción del nuevo estadio".

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