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Cárcel para tres empresarios de Zaragoza por quedarse 1,2 millones de subvenciones
La Audiencia Provincial de Zaragoza impone a dos de ellos sendas penas de 3 años de prisión y multas de 4 millones de euros.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a tres empresarios que se gastaron en viajes, joyas, regalos y en saldar hipotecas particulares –entre ellas un apartamento en la playa– los 1.240.750 euros que el Ministerio de Industria y el Instituto Aragonés de Fomento les dieron para que montaran una fábrica en Calamocha.
El proyecto pretendía implantar una industria de lana de roca (material de construcción aislante e ignífugo), crear puestos de trabajo en la zona y contribuir de esta forma a la reindustrialización de la comarca del Jiloca. Sin embargo, los acusados tan solo dedicaron una mínima parte a levantar el esqueleto de una nave donde metieron maquinaria vieja que nunca produjo nada. De hecho, no llegó a tener ni suministros de agua y luz.
La Audiencia de Zaragoza, en una sentencia comunicada el pasado 21 de febrero, condena por estos hechos a Fidel G. V. (a quien considera cabecilla de la operación) y a su socio Jorge G. P. a sendas penas de tres años de cárcel y multas de cuatro millones de euros por un delito de fraude de subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.
También condena a José María N. S. –con cuya cooperativa Chinebro contrataron las obras de la nave– un año de prisión y multa de dos millones y medio; y como cómplice del delito a Teresa P. L., pareja de Fidel G. V. en el momento de los hechos, a nueve meses de cárcel y 650.000 euros de multa.
El fraude fue descubierto a raíz de los impedimentos que pusieron cuando la administración quiso comprobar la marcha de la iniciativa y la inversión de los fondos públicos. Y pronto descubrieron que el dinero se había desviado a gastos particulares a las pocas fechas de haberlo recibido.
Los hechos se remontan al 3 de diciembre de 2009, cuando el representante legal de la sociedad Aznabian S. L., Jorge G. P., y el administrador de hecho, Fidel G. V., presentaron el proyecto ante el Ministerio de Industria. En junio de 2010, les fue concedida una primera subvención de 895.000 euros, reembolsable en 10 años, con una carencia de 5 y al 0% de interés.
En mayo del año siguiente, Teresa P. L., entonces pareja de Fidel G. V. y apoderada de Aznabian, presentó una solicitud de ampliación de la ayuda, e Industria les concedió otros 150.000 euros. Además, Aznabian S. L. pidió para este mismo proyecto una ayuda del Instituto Aragonés de Fomento que le fue concedida el 12 de mayo de 2011 por importe de 195.750 euros, que le fue entregada el 1 de agosto de 2013. En total, percibieron ayudas públicas por importe de 1.240.750, fondos que no han sido devueltos.
Según la sentencia de la Sección Primera, ese dinero fue destinado por los acusados a gastos privados. El fallo recoge que la Policía descubrió que la pareja formada entonces por Fidel G.V. y Teresa P. L. usó dos tarjetas de pago en las que cargaron gastos de compras de El Corte Inglés, joyerías, hoteles varios, restaurantes, boutiques, material deportivo, aerolíneas, cursos de inglés en el Reino Unido para sus hijos, un crucero de la pareja con la familia, entre otros.
También detectaron que 55.300 euros fueron destinados a la compra de una vivienda unifamiliar en Villanueva de Gállego por parte de la sociedad Ignípolis S. L. –administrada por Fidel G. V.–. Igualmente, financiaron las cuotas de dos préstamos hipotecarios sobre un piso y un garaje de Cambrils (Tarragona) por parte de la sociedad patrimonial Inversiones Fagova S.L. –también administrada por Fidel G. V.–. Ninguno de estos gastos estuvo vinculado a la inversión subvencionada, como recoge la sentencia, que no es firme.
El tribunal absuelve a un quinto acusado, Eduardo O. L., al que defendía el letrado Armando Martínez Pérez. Este investigado fue contratado como "recadero" por otra persona que no llegó a ser acusada.
