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Acusan a tres empresarios de dilapidar los 1,3 millones que les dieron para montar una fábrica en Calamocha

Los acusados proyectaron una industria para producir material ignífugo en Calamocha con 35 puestos de trabajo.

Los acusados, durante la primera sesión del juicio celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Los acusados, durante la primera sesión del juicio celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Heraldo

Tres empresarios que recibieron apoyo político y ayudas públicas por casi 1,3 millones de euros para levantar una fábrica de material ignífugo de construcción en Calamocha y se gastaron el dinero en viajes, cruceros y compra de joyas, según las acusaciones, están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Zaragoza por un presunto delito de fraude fiscal. Junto a ellos se sientan la expareja de uno de los acusados, una economista que se ocupaba de las gestiones laborales y fiscales y que llegó a ser apoderada de la empresa Aznabian, y un trabajador que, según declaró, lo contrataron por "amistad" para que hiciera de "recadero" y testaferro y pusiera su firma para liquidar la empresa Biodiésel Ebro S. L.

La Fiscalía, la abogacía del Estado y la de la Comunidad Autónoma consideran que los impulsores de un proyecto que debería haber contribuido a la reindustrialización de la comarca del Jiloca dilapidaron el dinero en beneficio propio. Y para aparentar que su intención era sacarlo adelante, levantaron el esqueleto de una nave y compraron máquinas viejas que nunca funcionaron ni hubo obreros que las manejaran.

Los acusados recibieron ayudas del Ministerio de Industria por importe de 1.045.000 de euros y 195.750 del Instituto Aragonés de Fomento, mientras que el Ayuntamiento de Calamocha aprobó subvencionar el 76% del solar (valorado en 100.000 euros). Por esta razón, las acusaciones solicitan penas que suman 40 años de cárcel para los cinco presuntos responsables del fraude y la estafa y la devolución de las subvenciones.

Por su parte, las defensas piden la absolución de sus clientes porque entienden que no han cometido ningún delito, ya que mantienen que la empresa sí se puso en marcha y llegó a fabricar lana de roca usada como aislante. Argumentan que cumplieron con los requisitos exigidos para obtener las ayudas y que Aznabian invirtió más dinero del recibido, aunque los impagos de varios proveedores la llevaron a una situación de falta de tesorería que la abocaron al cierre.

Durante el juicio, los principales artífices del proyecto Fidel G. V., Jorge Luis G. P. y José María N. S., representados por los abogados Ricardo Esteban y Armando Martínez, se acogieron a su derecho a no declarar. Solo lo hicieron Teresa P. L. y Eduardo Jesús O. L., quienes dijeron no saber nada ni del trámite de las subvenciones ni del proyecto empresarial. 

La primera explicó al tribunal que su profesión es economista y tenía una gestoría a través de la cual se ocupaba de los asuntos laborales y fiscales de Aznabian y otras empresas como Ebrodiésel o Chinoebro (también acusadas), pero que ignoraba a qué se dedicaban. Declaró que había sido pareja de Fidel G. V., quien la "convenció" para que fuera apoderada de Aznabian porque él tenía otra empresa que estaba en concurso de acreedores y "no podía trabajar".

"Aunque yo solo estaba apoderada para cuestiones fiscales y laborales, las cuentas las controlaban Fidel y Jorge", afirmó. Entre sus tareas estuvo la de remitir a la Administración el proyecto para obtener la subvención. "Pero fue porque yo tenía certificado a terceros por mi profesión", justificó. Teresa P. L. admitió que hizo un viaje a Andorra la Vella "invitada" y le regalaron alguna joya como un anillo, "poca cosa", matizó.

También accedió a prestar declaración Eduardo Jesús O. L., quien reconoció abiertamente que su amigo Antonio B. (que no está acusado) lo contrató de "recadero" porque se iba a quedar en el paro. Sus tareas eran llevar documentación o hacer de chófer porque como tiene tarjeta de minusválido "va muy bien para aparcar". 

En una ocasión le pidieron que hiciera de "liquidador" de una empresa y accedió porque tenía "miedo" de que lo despidieran. "Y yo no estaba en situación de irme a la calle", indicó. A preguntas del letrado de la Comunidad Autónoma, José Luis Gay, aseguró que lo que realmente lo nombraron fue "administrador" porque se lo dijo el notario y que lo acompañó José María N. 

Tampoco se enteraba de lo que se hablaba en la oficina sobre la marcha de la empresa porque, según dijo, no oye bien. "Si no fuera sordo, alguna cosa habría oído en el aire, pero...", se justificó. Además, señaló que no tienen conocimientos de empresas. "¡Qué va! Ojalá, me hubiera enriquecido yo", espetó.

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