El ingeniero de Zaragoza que negó vengarse de su jefe a tiros, condenado a casi 14 años de prisión
La Audiencia lo considera autor de un delito de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas.
De poco le han servido al ingeniero Alberto Pérez Giménez las casi dos horas que dedicó en el juicio a intentar convencer al tribunal de que él no fue el pistolero que en la mañana de 6 de abril de 2020 tiroteó e intentó acabar con la vida de su exjefe, Javier V. S., en el barrio Jesús de Zaragoza. El procesado, de 39 años, negó cualquier animadversión hacia la víctima, de 49 años, o que la culpara de su despido como electricista del hospital Royo Villanova. Sin embargo, la Audiencia Provincial está plenamente convencida de lo contrario. Y entiende que guardaba tal resentimiento que dedicó semanas a idear un plan para asesinar al jefe de servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Sector I del Servicio Aragónes de la Salud (Salud).
Trece años y nueve meses de cárcel. Esa es la condena que el tribunal de la Sección Sexta ha impuesto finalmente al acusado, en prisión provisional desde el 18 de abril de 2020. La Fiscalía, la abogada de la víctima, Carmen Cifuentes, y el letrado de la Comunidad Autónoma, José Luis Gay, le imputaban un delito de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas. Porque aunque la pistola con la que Alberto Pérez disparó hasta cinco veces a la víctima -alcanzándole tres proyectiles: el primero en el abdomen, el segundo en el pie izquierdo y el tercero junto a la médula espinal- nunca ha aparecido, este no tenía licencia y es evidente que se sirvió de un arma de fuego para perpetrar la que él pergeñó como una emboscada mortal. Y así lo han entendido también los magistrados al condenarlo por ambos delitos.
La sentencia no deja lugar a la duda y relata con precisión cómo fue la “celada” que el acusado preparó a su exjefe. “Con el fin de eliminar cualquier reacción defensiva de la víctima, hizo uso de un trampa, como fue la colocación de una bicicleta a la salida del garaje de su casa, con el fin de obligarla a descender del vehículo para apartarla y poder salir”. Recuerda el tribunal que el pistolero se mantuvo al acecho y, en cuanto el conductor se bajó del vehículo: “El autor de los hechos se colocó súbitamente justo detrás, de manera que sorprendida y desprevenida, al notar su presencia, la víctima se giró, encontrándoselo de frente (...) No tuvo ninguna posibilidad de huida y defensa, siendo su única respuesta la de levantar sus manos pidiéndole de palabra que parase”. Pero no lo hizo y apretó cinco veces el gatillo.
"Para, para, no lo hagas"
Era muy temprano, sobre las 7.12. Pero al escuchar los gritos, varios vecinos se asomaron a las ventanas. Desde un octavo, una mujer y su marido escucharon cómo la víctima rogaba por su vida: “Para, para, no lo hagas”. Según explicaron estos testigos en el juicio, agresor y víctima se encontraban de frente, “a metro y medio o dos metros”. A continuación, se sucedieron los cincos disparos.
La rápida intervención de las asistencias médicas y el buen hacer de los cirujanos evitaron el fatal desenlace, pero el jefe de servicio del Salud podría haber pasado el resto de su vida en una silla de ruedas. Porque la última de las balas le alcanzó a nivel de la 7ª vértebra cervical y la 1ª dorsal. Y, según los forenses, se quedó a «milímetros» de dañarle la médula espinal, «lo que pudiera haber provocado desde un paro cardiorrespiratorio agudo, con consecuencia de muerte, hasta una paraplejia o hemiplejia».
Afortunadamente, la celada no obtuvo el resultado que al parecer perseguía su artífice, quien tres días antes del tiroteo ya había abortado una primera intentona. Sin embargo, las gravísimas heridas sufridas por Javier V. S. le obligaron a estar de baja durante año y medio, quedándole importantes secuelas. Tanto es así, que los médicos han tenido que dejarle un proyectil en el pie. De ahí que ahora su agresor haya sido condenado a indemnizarle con casi 92.000 euros. Como pedía el letrado de la Comunidad Autónoma en nombre del Salud, deberá pagar también algo más de 80.000 euros por los gastos médicos y la contratación de un sustituto para la víctima.
Como recuerda la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, Alberto Pérez Giménez fue evaluado por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, “concluyendo el informe forense que presenta un diagnóstico compatible con ideación megalomaniaca y trastornos depresivos con alteración del estado de ánimo, que no alteran ni su capacidad volitiva ni su capacidad cognitiva”. Basándose en estas conclusiones, el tribunal no aprecia ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.
La defensa, a cargo del letrado Alejandro Sarasa, puede todavía recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
