Tiroteo en Zaragoza: los forenses retratan al pistolero como un psicópata frustrado que "sabe lo que hace"

El juicio contra Alberto Pérez Giménez por el intento de asesinato de Javier V., quien fuera su jefe en el hospital Royo Villanova de Zaragoza y a quien presuntamente culpaba de su despido, ha quedado este jueves visto para sentencia. El acusado ha aprovechado su derecho a la última palabra para insistir en que no fue el pistolero que el 6 de abril de 2020 tiroteó al funcionario del Servicio Aragonés de la Salud (Salud) a las puertas de su casa. Pero escasa o ninguna credibilidad han dado las acusaciones a todo lo dicho durante la vista por el ingeniero de 39 años, al que los forenses han retratado como un individuo con rasgos narcisistas que “se cree por encima de los demás” y a la vez arrastra un enorme “sentimiento de frustración”.

Los psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) consideran que el acusado presenta un trastorno de la personalidad paranoide. “¿Sería lo que antes se definía como un psicópata?”, les ha preguntado el presidente del tribunal, respondiendo ellos que sí. Según estos, Alberto Pérez tiene una personalidad “megalomaníaca” y un gran deseo de “sentirse importante”. “Es alguien que se siente perseguido, acosado... Él se valora a sí mismo mucho más que los demás. Pero, ¡ojo! No hablamos de ninguna patología”, ha querido dejar claro el doctor Javier Azpeitia, quien considera que esta forma de ser del procesado “no afecta de ninguna manera a su capacidad de entender y obrar”. Y por tanto, tampoco a su imputabilidad o responsabilidad penal.

Para la Fiscalía, las pruebas periciales practicadas a lo largo de la mañana, así como los testimonios recogidos durante el resto de sesiones del juicio, permiten atribuir al acusado un delito de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, por los que ha solicitado una condena de 14 años de prisión. “Lo que preparó este señor fue una auténtica emboscada”, ha remarcado el ministerio público, recordando que uno de los tres disparos que sufrió Javier V., de 49 años, fue de “extrema gravedad” y le hubiera costado la vida de no pasar por el quirófano. “Pero es que además de este disparo en el abdomen, la víctima sufrió otro tiro en el cuello que no le alcanzó por milímetros la médula espinal”, ha añadido.

La acusación pública está plenamente convencida de que Alberto Pérez actuó con alevosía, ya que además de preparar meticulosamente un plan, sorprendió a su exjefe por la espalda y no le dio ninguna posibilidad de defensa. “Solo hay un móvil, la venganza. Porque a este señor su despido le cabreó muchísimo. Así lo dijo”, ha resumido. Tampoco ha pasado por alto que, aunque su agresor trató de ocultar su identidad con un gorro y una bufanda tubular, la víctima identificó sin ninguna duda “su mirada de odio”.

Lo acusaba de “traicionarlo”

La abogada Carmen Cifuentes, que representa Javier V., tampoco alberga dudas sobre las intenciones de procesado: asesinar al jefe de mantenimiento del Sector I del Salud. Por ello, ha solicitado para él una pena de 16 años de prisión, así como una indemnización de 95.000 euros. Para la letrada, si algo ha quedado de manifiesto durante el juicio es la enorme peligrosidad del investigado. Y no solo por los tres disparos que efectuó contra su exjefe, sino también por el material que había adquirido por aquellos días. Se trata de nitrato amónico, ácido clorhídrico, aluminio en polvo, queroseno o acetona, productos que como han explicado este jueves dos técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía Nacional “permitirían fabricar explosivos de tipo casero”.

“No podemos olvidarnos de que el acusado llegó a decirle en su día a la víctima que le había traicionado, porque todo lo que hizo este señor a raíz de su despido fue una venganza”, ha dicho Cifuentes, quien también ha recordado que Alberto Pérez fue investigado por el sabotaje eléctrico que se produjo en el Royo Villanova y que casi le cuesta la vida a tres pacientes críticos de covid, a los que hubo que practicar respiración mecánica al quedarse sin luz sus respiradores. Pero la juez que instruyó estas pesquisas acabaron archivadas.

El Gobierno aragonés, que también se personó como acusación particular a través del abogado José Luis Gay, ha solicitado una pena de 14 años y 11 meses de cárcel. Reclama también al procesado tanto los gastos de asistencia sanitaria, como el coste que tuvo para la administración contratar a otra persona durante el tiempo que la víctima estuvo de baja. La cantidad rondaría los 70.000 euros.

La defensa presenta una pena alternativa

La defensa sigue manteniendo que no hay prueba concluyentes que permitan situar al ingeniero en el lugar y a la hora en que se produjo el tiroteo. Y aunque se encontraron restos de disparo en los guantes que se intervinieron al acusado, el letrado Alejandro Sarasa los relaciona con las prácticas de tiro olímpico que efectuó su cliente. Por esta y otras razones, esta parte ha solicitado la absolución de su cliente. Sin embargo, por si el tribunal considerara finalmente probado que fue Alberto Pérez quien tiroteo a la víctima con balas del calibre 7,75, la defensa ha propuesto que se califiquen los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa, con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de enajenación.

Porque aunque los forenses mantienen que no es ningún enfermo mental, el letrado cree que habría actuado, si así quedara demostrado, movido por una clara obsesión. "Después de ver el comportamiento de el acusado en esta sala, no puedo entender que los forenses ni siquiera aprecien una atenuante leve", ha apuntado el letrado. Como castigo, entendería más ajustada una pena de 5 años de prisión.

"Si este hombre hubiera querido matar a la víctima podría haberse asegurado el resultado, pero no lo hizo. Porque no se puede descartar que la bala que le entra por la espalda y que causó la lesión más grave se debiera a un rebote. Por lo tanto, no cabe una alevosía como tal , sino una de segundo grado", ha argumentado Sarasa.

El acusado vuelve a ser expulsado

Como ha sucedido todos los días, el encausado ha vuelto a interrumpir este jueves varias veces el juicio con comentarios y actitudes que han obligado al tribunal a expulsarlo por segunda vez de la sala. No ha podido contenerse y nada más escuchar por boca de los forenses su retrato psicológico, Alberto Pérez ha tratado de tomar la palabra, ya que parecía no gustarle lo que oía. No le han dejado. Y se han sucedido después las advertencias, que se han traducido en su envío al calabozo al interrumpir el informe de la Fiscalía.

Alberto Pérez ha podido regresar a la sala para ejercer su derecho a la última palabra. "Soy inocente y no le deseo ningún mal ni a esta persona ni a su familia. Llevo dos años en la cárcel por la cara", ha concluido.