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Nuevo juicio para el hijo de un diplomático de Zaragoza por aprovecharse de sus contactos para estafar

Juan Paul B.M. acumula tres condenas en 2017 y 2018 por unos hemos similares pero con distintas víctimas.

Fachada de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Fachada de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Guillermo Mestre

El hijo de un diplomático de Eslovaquia en Zaragoza, Juan Paul B. M., se volverá a sentar una vez más esta semana en el banquillo de la Audiencia Provincial por una estafa continuada de alrededor de 500.000 euros con tres víctimas (un taxista y dos hermanos) para financiar una supuesta traída de contenedores con productos de China.

Este juicio sería el cuarto por unos hechos similares pero con distintas víctimas porque acumula ya tres condenas en 2017 y 2018, que le llevaron a pasar un año en prisión. Y no ha terminado de saldar cuentas con la Justicia, porque está previsto que se celebre otra vista oral similar la próxima semana con otra víctima por una estafa de 130.000 euros.

El fiscal acusa a Juan Paul B. M. de haber engañado a un taxista, al que conoció cuando le dejó a deber un servicio al llegar a su domicilio en Residencial Paraíso de Zaragoza, y a dos hermanos a los que conocía. Pide para él una pena de ocho años de prisión por dos delitos de estafa continuada. Para su pareja Rocío G. solicita 21 meses de condena por cada uno de ellos como cooperadora necesaria.

Para la fiscalía, el joven se aprovecha de su condición de hijo de un antiguo cónsul de Eslovaquia en Zaragoza para captar víctimas sin levantar sospechas. De hecho, los denunciantes son siempre conocidos o amigos de círculos de la alta sociedad a los que pide dinero para cerrar supuestos negocios.

Al taxista le dijo que se dedicaba a negocios de importación desde países asiáticos con diferentes y solventes clientes, para lo que nombraba grandes comercios y bancos. La víctima llegó a ingresarle en cuatro años (desde 2016 a 2020) la cifra de 24.745 euros. Juan Paul BH. M., como recoge el Ministerio fiscal, le convenció de que era “un empresario de éxito” y el dinero lo estaba utilizando para entregar mercancía en el extranjero que posteriormente facilitaría a las grandes empresas obteniendo pingües beneficios. En sus explicaciones justificaba que las transferencias eran para evitar problemas fiscales.

Pero “el acusado no contacto en ningún momento con empresa alguna ni invirtió el citado dinero” prestado por el taxista para el supuesto negocio, recoge el informe del fiscal, ya que se reclamó una memoria a una de las grandes empresas y confirmaron que “nunca ha efectuado negocio alguno con el acusado o sus empresas”.

El Ministerio fiscal acusa también a la pareja del hijo del diplomático (Rocío G. B.) porque habría colaborado con el engaño en la empresa Centybel, ubicada la capital aragonesa y en la que ambos trabajan. De hecho, la chica, según el informe del fiscal, le facilitaba la cuenta corriente al acusado, donde recibía las entregas de dinero, y facilitaba el engaño urdido porque conocía la procedencia ilícita para el ingreso.

De la misma manera actuaron los dos acusados con dos hermanos para conseguir ingresos de 496.647 euros desde el año 2014. Les embaucaban para que invirtieran en los negocios del acusado con la compra de material importado de China utilizando unas supuestos documentos justificativos de la importación de maletas a través de su empresa.

Firmaron un contrato en el que Juan Paul B. M. se comprometía a devolver 20.000 euros que le entregó uno de los hermanos y además unas ganancias del 17% en cuatro meses, que solidariamente abonarían también tres empresas (una de ellas la del acusado, Centybel), pero no le devolvió ninguna cantidad. Al poner la denuncia en 2021, el delito había prescrito.

En esos años suscribieron hasta siete contratos similares por una cantidad de 468.000 euros entre 2014 y marzo de 2015, y en total le entregaron 496.000 euros hasta 2018, de los que solo recuperaron en concepto de ganancias 109.000 euros.

El fiscal señala que la víctima recibió algo coincidente con las ganancias prometidas, pero “no reclamó enseguida la devolución del capital invertido”. El acusado dejó de abonar las cantidades y no daba justificación de cómo y dónde se había invertido o el motivo del retraso en las devoluciones del capital.

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