Usuarios y asociaciones del tejido asociativo de Zaragoza reaccionaron ayer con "enfado, hartazgo y preocupación" al recrudecimiento de la huelga del bus, que se ampliará hasta las seis horas de paros al día a partir del lunes 14. El apoyo del cerca del 80% de los participantes en el referéndum planteado por el comité tras 622 días de conflicto amenaza con alargar las esperas en las paradas en pleno descenso de las temperaturas y con complicar las entradas y salidas a colegios y centros de trabajo, motivo por el que los principales colectivos supravecinales reclaman soluciones urgentes a la empresa, los sindicatos y el Ayuntamiento.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) asegura que se está haciendo "un daño irreparable" al servicio, y desde la Unión Vecinal Cesaraugusta se pide directamente un laudo obligatorio para desatascar el conflicto. Ambos colectivos alertan de las afecciones que podría tener esta nueva fase de la huelga de cara al invierno, especialmente en los barrios con más población y en aquellos que dependen más del transporte público para desplazarse a colegios, hospitales y centros de salud.

Para el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, este es "el gran problema de Zaragoza” en estos momentos. "Estamos tremendamente cabreados y muy preocupados", aseguró. En su opinión, la quinta ciudad de España "no puede estar en manos de una concesión que genera tanta conflictividad y mal servicio". Cree, asimismo, que el Consistorio "ha tardado demasiado en tomar cartas en el asunto", especialmente si se tiene en cuenta el daño que está haciendo la huelga a la recuperación de usuarios tras la pandemia. "Hay gente que ha dejado de moverse en transporte público. Si no puedes ir al trabajo en tiempo y forma, ¿qué vas a hacer?", señaló.

Mientras, el presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, Constancio Navarro, asegura que los usuarios están "hartos con mayúsculas". "Hay que respetar el derecho a huelga, pero esta está siendo demasiado larga. Son ya 622 días, pero da la sensación de que llevamos así 40 años. Encadenamos una detrás de otra", dijo.

Considera, a este respecto, que incrementar la duración de los paros "no tiene sentido". Sobre todo teniendo en cuenta que cada trabajador va a perder entre 300 y 400 euros al mes y que Avanza dejará de facturar alrededor de 600.000. "Es imposible de entender que, después de tantos meses, no haya un acuerdo. Deberían ir a un laudo obligatorio. Hay precedentes y, desde luego, se están dando las condiciones para que se recurra a esta vía", afirmó.

En esta línea, recalcó que "cuando se negocia, las dos partes ganan y pierden". "Pero aquí no hay voluntad. Son posiciones rígidas, monolíticas", manifestó. Y como Arnal, recordó que "esto es una concesión del Ayuntamiento", por lo que "debería tener unos límites en cuanto a las condiciones en las que se presta el servicio". "Parece que, con las subidas que se piden, haya la intención de hacer inviable el servicio para que al final se tenga que optar por la municipalización. Si no, no se entiende. Es una huelga en la que todos pierden", enfatizó.