El veto al tráfico contaminante y la ampliación de la zona azul en Zaragoza se atascan antes de las elecciones
El Ayuntamiento discrepa del cierre del centro y no lo impulsará hasta que el Ministerio lo regule. El plan municipal para triplicar las plazas de estacionamiento regulado arrastra meses de retraso.
Dos de los grandes proyectos de movilidad urbana anunciados para este año en la capital aragonesa han echado el freno y no se ejecutarán a tiempo. Por un lado, el Ayuntamiento de Zaragoza ha demorado la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, obligatoria a partir de enero según la Ley de Cambio Climático. El gobierno PP-Cs, que discrepa de la necesidad de la medida, ha pedido una prórroga ante el retraso del Ministerio a la hora de aprobar un real decreto que defina cómo aplicar el veto al centro de los coches más contaminantes. Su estreno sería posible gracias a la instalación de cámaras, incluidas en el nuevo contrato de la zona azul. Pero su licitación, que contempla triplicar el número de plazas de estacionamiento regulado, se retrasa a pocos meses para las elecciones.
La restricción del centro de las ciudades al tráfico más contaminante es la herramienta elegida por el Gobierno central para luchar contra las emisiones en los núcleos urbanos. Serán obligatorias a partir de enero en todas las localidades de más de 50.000 habitantes, o en aquellas de más 20.000 que tengan malos niveles de calidad del aire. En Aragón afecta a Zaragoza y Huesca.
La capital aragonesa avanzó en su diseño hace año y medio. Por entonces, el proyecto del área de Movilidad preveía vetar el paso a los vehículos de gasolina que superen los 21 años de antigüedad y los de diésel de más de 15. Su extensión estaba por definir, pero se valoraba hacerla coincidir con el segundo cinturón, la circunvalación que crean los paseos de Pamplona y María Agustín con Echegaray y Caballero.
Pero el tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado. La proximidad de las elecciones municipales dificulta el estreno de medidas poco populares en el día a día de los ciudadanos. Además, Vox, socio del gobierno, manifestó su rechazo al proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y advirtió que solo aceptaría la propuesta de mínimos que permitiera la ley. El rediseño limitó entonces la futura zona de bajas emisiones al Casco Histórico, con un plan que permitiría ir ampliándolo por fases de forma "progresiva" y "no traumática" entre los conductores, según fuentes municipales.
"Buscaremos la fórmula de molestar lo menos posible a los ciudadanos", apunta la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, que defiende que la medida no es necesaria en Zaragoza. "Estamos tomando medidas más importantes para reducir la contaminación, como la transformación de la flota de autobuses por vehículos eléctricos", recuerda.
Nueva ordenanza
La edil achaca la demora a un último motivo, pero no menos importante. El Ministerio para la Transición Ecológica debía aprobar un real decreto en el que se detallaran las condiciones en las que se tendrán que aplicar las zonas de bajas emisiones. Pero a menos de tres meses para su entrada en vigor, todavía no se ha publicado.
"El Gobierno central no ha medido los tiempos, es imposible llegar al 1 de enero", advierte la edil. Entre otros motivos, porque tras su aprobación, el reglamento se debe incorporar a las ordenanzas municipales, un trabajo de meses, además del periodo de puesta en marcha del propio sistema.
Por todo ello, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado una prórroga de un año. Desde el Ministerio, sin embargo, dicen que la normativa se publicará "este trimestre" y que, al menos de momento, no se contempla un retraso en los plazos que marca la ley.
Vinculado a todo este proceso se encuentra el plan de ampliar la zona azul y naranja de Zaragoza. El contrato que permitirá triplicar el número de plazas -el anterior lleva caducado desde agosto- incluye la instalación de las cámaras y la gestión de accesos a la zona de bajas emisiones. Pero su licitación acumula meses de retrasos. El último, según PP-Cs, motivado por el rechazo del pleno a ampliar el horario de pago.
Las capitales piden una prórroga pero definen ya su propuesta
Cerca de 150 ciudades españolas deberán contar a partir de 2023 con una zona de exclusión para el tráfico más contaminante. Son aquellas de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 con malos índices de calidad del aire, según refleja la Ley de Cambio Climático. Dos ya saben qué supone limitar el acceso al centro. Madrid aplica la medida desde 2018 y Barcelona desde 2020, en ambos casos no sin polémica, pero los conductores ya han normalizado el control de matrículas mediante cámaras de vigilancia y las temidas multas por saltárselas con un vehículo no apto.
Su evolución ha sido dispar, y mientras Madrid ha establecido un calendario que endurece las restricciones con el paso de los años -las próximas entrarán en vigor en enero-, la Ciudad Condal ha tenido que relajar su normativa para ser menos estricto. El motivo no fue otro que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que estableció que algunos de los requisitos exigidos eran desproporcionados. Así, el Ayuntamiento ha previsto nuevas excepciones que flexibilizan el paso de vehículos.
Precisamente este fallo judicial es al que se agarran la mayoría de las ciudades para retrasar la medida hasta que el Ministerio fije las reglas del juego con un real decreto y evitar así sorpresas en los tribunales. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han solicitado una prórroga que retrase su puesta en marcha más allá del próximo 1 de enero. Sin embargo, muchas de las grandes capitales ya han lanzado su proyecto.
En Málaga, el Ayuntamiento ha adjudicado el control de acceso a una zona restringida de 473 hectáreas. Prevén reducir un 20% del tráfico, un 25% del ruido y hasta un 95% de las emisiones. De igual modo, Bilbao ha licitado la instalación de 27 cámaras, aunque el Consistorio todavía duda sobre la extensión de la zona vetada a la contaminación. Valencia, por su parte, ha sacado a concurso por 10 millones la gestión del proyecto, que contará con 270 cámaras para dos grandes áreas, que se definirán en la nueva ordenanza. En el caso de Sevilla, se aplicará en La Cartuja los días laborables (de 7.00 a 21.00).
Alicante destinará 4,4 millones para estrenar su área restringida dentro de un año. Otras, como Santander, esperará al real decreto y, al igual que Oviedo, ha pedido fondos de la UE para sufragar el coste.
