medioambiente
El Ayuntamiento de Zaragoza avisa de que irá a los tribunales si no hay acuerdo con la DGA sobre el vertedero
PP-Cs pide que se actualice el convenio de 2014 para que el Ejecutivo financie el sellado de la zona de residuos industriales
Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Aragón al requerimiento del Ayuntamiento de Zaragoza para que financie el sellado del vertedero, la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, se mostró dispuesta a acudir a los tribunales para forzar a la administración autonómica a dar una solución. Así lo manifestó en la comisión de su Área del pasado miércoles y lo ratificó este jueves en declaraciones a este diario.
La concejal explicó que el pasado 28 de julio se presentó un requerimiento formal para que la DGA financiara una de las partes del proyecto: el sellado de la zona de residuos industriales, cuya gestión es competencia autonómica y que tiene un coste de 11 millones de euros. Así había quedado recogido en un convenio del año 2014 en el que el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y la DPZ se comprometieron a financiar el sellado.
Las dos últimas instituciones ya cumplieron su compromiso, pero no hizo lo mismo el Ejecutivo autonómico. Tras un periodo de discusión entre el Consistorio y la DGA, esta administración consideró que el convenio había caducado y el proyecto quedó sin financiación.
"Se está incumpliendo la normativa europea. El Ayuntamiento y la DPZ cumplieron su parte, pero la DGA no hizo lo mismo", afirmó Natalia Chueca, que recordó las sanciones que puede generar este asunto. La responsable municipal indicó que el proyecto ya está redactado y que incluso cuenta con la autorización del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). Chueca apuntó que tras los primeros contactos con la DGA se derivó esta cuestión para que lo resolviera el consejo bilateral, el organismo en el que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón dirimen las cuestiones de interés mutuo.
"Pero no lo quisieron llevar. No querían meter 11 millones en la basura", declaró Chueca, que lamentó no haber recibido una respuesta casi tres meses después del requerimiento. "La DGA tiene que contestar, no nos deja otra salida que ir a los tribunales", afirmó la concejal, que también matizó que de momento no se ha tomado ninguna decisión.
La controversia no es nueva, pero la advertencia judicial llega después de que hace unos días el Gobierno de Aragón hiciera lo mismo a propósito de los proyectos urbanísticos que tiene pendientes de aprobación en Zaragoza capital, como el plan de la calle Embarcadero o el de Torre Ramona.
