Política

La DGA eleva al Supremo el conflicto de los antiguos juzgados y aviva la tensión con PP-Cs

El Gobierno aragonés recurrirá en casación pese a urgir un acuerdo hace solo una semana.

Exterior de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar
Exterior de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar
Toni Galán

La tensión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón sigue yendo a más. A los frentes ya abiertos –entre los que destacan el pago de la deuda del tranvía y el ultimátum del Ejecutivo autonómico por el "bloqueo" de expedientes urbanísticos como el de la calle del Embarcadero– se unió ayer el anuncio de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno de Javier Lambán por el eterno conflicto con los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Este era uno de los asuntos que figuraba en la carta que, hace solo una semana, envió Lambán al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. En ella, el también secretario autonómico del PSOE urgía a "llegar a un acuerdo" para regularizar la situación y evitar esta "anomalía" haciendo coincidir "el uso con la titularidad dominical y pactando las correspondientes compensaciones si procediera".

El hecho de que ahora se eleve la causa al Tribunal Supremo ha causado sorpresa en PP-Cs. "Lo que no puede ser es que nos pidan llegar a acuerdos y después anuncien recursos", aseguró ayer la concejala de Hacienda, María Navarro, en una comparecencia de urgencia.

La construcción de los antiguos juzgados, uno de los conflictos más enquistados entre el Pignatelli y la plaza del Pilar, fue posible gracias a la cesión al Estado por parte del Ayuntamiento de una finca de 1.966 metros cuadrados en 1956, así como de otras dos parcelas que sumaban 1.030 en 1986. Fue en 2007 cuando el Gobierno de España transfirió el inmueble a la DGA como parte del traspaso de competencias de Justicia a la Comunidad. Sin embargo, años después, los juzgados se trasladaron al recinto Expo, perdiendo el edificio su función original.

El Ejecutivo autonómico decidió establecer allí la sede del Servicio Aragonés de Servicios Sociales (IASS), negociando con el Ayuntamiento un uso compartido o una compensación en favor de la capital. No obstante, la falta de acuerdo con el entonces gobierno de ZEC hizo que el asunto saltase a los tribunales, y aunque PP-Cs llegó a pedir la paralización del proceso, finalmente no fue posible.

El hasta ahora último capítulo se vivió en mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimó parcialmente la reclamación del Consistorio para ser compensado por la reversión de los suelos cedidos para el inmueble, fijando una indemnización de 4,2 millones de euros, un fallo con el que, desde un primer momento, la DGA discrepó.

La justificación de la DGA

El Ejecutivo autonómico asegura no estar de acuerdo "con que la única alternativa que tenga sea la indemnización sustitutoria a la ejecución de la sentencia, lo que descarta la posibilidad de explorar otras opciones que puedan satisfacer a las dos partes".

Tampoco comparte que la indemnización impuesta "incluya el valor de la edificación, que fue sufragada por el Gobierno de Aragón, lo que implica pagar dos veces por una misma obra".

La DGA achaca el recurso a una decisión "de los servicios jurídicos". Los tiempos, no obstante, son especialmente significativos. Desde que se conociese la firmeza de la sentencia del tranvía, que obliga al Ejecutivo autonómico a pagar cerca de 25 millones de euros, más intereses, no han cesado los cruces de declaraciones.

Esta misma semana, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, dio al Ayuntamiento hasta finales de mes para desbloquear los expedientes urbanísticos, una situación "paradójica" a juicio de Azcón, que pide a la DGA que pague ya la deuda de la línea 1. Ayer, una vez conocido el anuncio de recurso, la concejala de Hacienda volvió a pedir al Gobierno aragonés una reunión con la que solucionar los problemas existentes entre ambas administraciones. "De esa manera evitaremos intereses a los zaragozanos y a los aragoneses y será mucho mejor si realmente creemos que los acuerdos siempre son mejores que cualquier pleito", dijo María Navarro.

La concejala recordó que el Consistorio "retiró recursos en aras de llegar a un acuerdo", insistiendo en que su voluntad es "sincera". "Nosotros nos queremos sentar de verdad. Lo dijo el alcalde de Zaragoza hace más de un año, lo reiteramos al conocer la sentencia del tranvía y volvemos a decirles que se replanteen la interposición de los recursos. La situación económica para este Ayuntamiento, y entiendo que para el resto de instituciones, es muy complicada como para estar utilizando los tribunales", expuso.

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