Lambán y Azcón firman una tregua en el conflicto de los juzgados de la plaza del Pilar
El objetivo, según detallaron ambas instituciones, es "explorar una solución consensuada" para el uso compartido del inmueble.
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza acordaron en la comisión bilateral celebrada este miércoles solicitar la suspensión del proceso judicial abierto sobre el conflicto de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. El objetivo, según detallaron ambas instituciones, es "explorar una solución consensuada" para el uso compartido del inmueble. Además, el presidente autonómico, Javier Lambán, y el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, cerraron varios acuerdos en materia urbanística pendientes desde hace años, como las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativas al IFET del Picarral o del convento de Torre Ramona.
En junio del año pasado, el anterior gobierno municipal de ZEC denunció en los tribunales que, a su entender, la DGA había incumplido del acuerdo de colaboración para compartir el inmueble de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. En concreto, el pacto preveía la renuncia de Zaragoza a parte de los terrenos que le correspondían de la parcela en cuestión a cambio de hacer un uso conjunto de las instalaciones, en las que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha la nueva sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
El Consistorio apostaba por hacer un uso compartido para servicios sociales y vecinales, pero el anterior alcalde, Pedro Santisteve, no logró materializar un acuerdo con el Ejecutivo de Javier Lambán.
Ahora, Ayuntamiento y DGA apuestan por paralizar la vía judicial y "explorar una solución consensuada a la cuestión controvertida a través del uso conjunto del inmueble u otros acuerdos", señalaron en un comunicado conjunto ambas instituciones.
Otros acuerdos urbanísticos
Al margen de este cambio en uno de los conflictos más enquistados entre la DGA y el Consistorio, la comisión bilateral firmó este miércoles el convenio urbanístico de planeamiento y gestión que impulsará otros asuntos urbanísticos pendientes. Entre ellos, destaca la modificación del PGOU del antiguo IFET de la Cámara de Comercio, en el barrio del Picarral, donde el Gobierno autonómico ejecutará un equipamiento educativo.
Igualmente, Azcón y Lambán concretaron el acuerdo para el antiguo convento del Buen Pastor, en el parque de Torre Ramona –donde el Ayuntamiento conservará el torreón y el 10% de los aprovechamientos urbanísticos–, y el del antiguo Tribunal Tutelar de Menores, en la calle de Lagasca, que pasará a tener calificación residencial.
