El Ayuntamiento y la DGA exhiben sintonía y pactan 15 millones más para Zaragoza hasta 2023
La ciudad suma 1,5 millones anuales a sus convenios y actualizará el fondo de capitalidad. No habrá trabas a ampliar Plaza y se sellará el vertedero.
El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA abrieron ayer una nueva etapa en sus relaciones. En un clima de sintonía y con los diversos frentes de discrepancia entre las dos administraciones en un segundo plano, las dos instituciones más relevantes de Aragón constituyeron el consejo bilateral de capitalidad y formalizaron un primer paquete de acuerdos en materia económica, urbanística y medioambiental. La cuestión más destacada para el Consistorio es que el Ejecutivo, una vez constituido el órgano de coordinación entre las dos administraciones, empezará a cumplir lo previsto en la ley de capitalidad. De momento, elevará su aportación para los convenios de los 15 millones de 2019 hasta 21 en 2023, a razón de 1,5 millones más al año –6 de diferencia y un acumulado de 15 en cuatro ejercicios–.
El encuentro, que se celebró en el edificio Pignatelli, fue al más alto nivel y, además del presidente de Aragón, Javier Lambán, y del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, contó con la participación de seis consejeros autonómicos y seis municipales. Todos ellos representaban a seis partidos distintos, cuatro del Ejecutivo autonómico y a los dos del municipal, en una imagen de pacto político con pocos precedentes. "Queremos abrir una nueva etapa basada en la lealtad, la empatía y la visión de conjunto", explicó el alcalde. "Si fue un hito la ley de capitalidad, es un hito de mayor importancia la puesta en marcha de la comisión bilateral", afirmó Lambán.
Fondo de capitalidad
Pero al margen de la foto, el encuentro deparó acuerdos de calado después de cinco meses de negociación, que se ha intensificado en las últimas semanas. Para el Consistorio, el más relevante es el financiero, que tiene dos partes. La primera es que se pacta el criterio de actualización del fondo de capitalidad después de dos años sin moverse del mínimo fijado por la ley, 8 millones. Como explicó el alcalde, se tendrá en cuenta la evolución de los derechos reconocidos netos de los ingresos no financieros de la DGA.
Esto implica que en 2020 habrá que sumar 299.926,091 euros de 2018 y 33.032,53 de 2019, hasta alcanzar una liquidación provisional de 8,3 millones, que se saldarán en 2021, aunque el alcalde confió en llegar a los 8,9 millones que recoge el presupuesto municipal. El sistema también supone que si la evolución es negativa, el fondo puede caer, siempre con el mínimo de 8 millones.
Además están los convenios por la prestación de las competencias impropias, que la ley establece en un mínimo de 13,5 millones. El pacto eleva esa cifra este año hasta los 16,5 millones (se añaden 1,5 a los 15 ya previstos presupuesto autonómico) y garantiza que en los próximos tres años se incrementará a razón de 1,5 millones anuales. Así se llega a los 21 en 2023, tal y como explicó el alcalde de Zaragoza. Es lo que prevé la ley de capitalidad, aunque estas cuestiones deberán concretarse en la firma de un convenio, todavía pendiente.
El segundo acuerdo era vital para la DGA: el compromiso del Ayuntamiento de que no pondrá trabas a la ampliación de Plaza, por ejemplo mediante un proceso judicial. El pacto establece que para el Consistorio "concurren las circunstancias adecuadas" para la modificación del proyecto de la plataforma, pese a haber presentado alegaciones técnicas. El alcalde afirmó que se quiere "lanzar un mensaje al mundo económico" para atraer "empleo y riqueza". "Cada vez más las inversiones y decisiones empresariales dependen de los entornos sociales y políticos", dijo Lambán.
La bilateral entró en una de las cuestiones más espinosas que separan a las dos administraciones: la segunda fase del sellado del vertedero, que supone una inversión de 11,3 millones que debe pagar la DGA. A la espera de que eso ocurra, las dos administraciones acuerdan que 1,5 millones de los 16,5 que llegarán este año a las arcas municipales se destinarán a actualizar el proyecto y adjudicar las obras antes de que finalice 2020. Azcón defendió la necesidad de "acabar con la incertidumbre" de un vertedero sin sellar.
La constitución del consejo bilateral de capitalidad fue acompañada de la creación de dos grupos de trabajo en materia de Hacienda y Urbanismo, para valorar futuros acuerdos. El primero abordará, por ejemplo, la gestión del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y el segundo buscará pactos con los proyectos supramunicipales, las viviendas sindicales o los edificios de la Expo.
