Urbanismo da la primera licencia a la residencia del Actur mientras espera el proyecto de obras
El Gobierno de Aragón aguarda a la notificación para decidir si desiste en su intención de aplicar la ley urbanística para sortear la tramitación municipal.
Pese a la polémica abierta entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por la tramitación de la residencia Pirineos, en el Actur, el proyecto acaba de recibir una primera licencia que, aunque no da derecho a hacer obras, sí permite que el edificio siga sumando etapas. Para que pueda finalmente iniciarse la construcción del inmueble, el concesionario de la actuación, la empresa Aloha Pirineos, deberá presentar un proyecto de ejecución, hecho que de momento no se ha producido.
La controversia se remonta a julio, cuando la DGA decidió aplicar un artículo de la Ley Urbanística de Aragón (LUA) para sortear la tramitación municipal ante "las trabas" que en su opinión ponía el Ayuntamiento a esta residencia para jóvenes, proyectada en la avenida de los Pirineos 2, junto al puente de Santiago. Su objetivo era tener en obras el edificio este verano, después de las dificultades que había tenido que superar por el encarecimiento de los costes de las materias primas. Finalmente, hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa para elevar los precios de los 336 estudios entre un 5% y un 20%.
Al margen de esta cuestión, la DGA consideraba que la ciudad estaba bloqueando el proyecto. El Ayuntamiento de Zaragoza sostenía que algunos de los usos descritos no se ajustaban al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La discrepancia fundamental estaba en algunos espacios comunes del inmueble, como la zona de ‘coworking’ o el gimnasio, que no podían dar servicio al exterior. Sí podía hacerlo la cafetería, explicaron fuentes municipales. El servicio de licencias de actividad, en un informe del 14 de julio, concluyó que sin subsanar estas cuestiones no se podía dar el permiso.
Ante esto, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, firmó la orden por la que inicia el procedimiento para aplicar el artículo 240 de la LUA, que permite evitar la tramitación municipal dado "el excepcional interés público y la urgente necesidad" del proyecto autonómico. Lo hizo el mismo día en el que se produjo un fuerte encontronazo entre las dos instituciones a propósito de la negativa de la DGA para que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, fuera el interlocutor ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para el Mundial 2030.
Soro dijo entonces que se le había "agotado" su paciencia ante "el retraso y las trabas sistemáticas del Ayuntamiento para conceder la licencia de obras". Lo hizo pese a que en ese momento la concesionaria no había presentado un proyecto de ejecución, sin el cual no podía empezar los trabajos ni darse una licencia de obras, sino solo uno de carácter básico.
Fuentes municipales explicaron que las discrepancias con el PGOU no se referían al conjunto del edificio y que eran de carácter menor, subsanable, y que en ningún caso justificaban la aplicación del artículo 240 de la LUA. Al margen de esto, horas después de la comunicación por parte de la DGA, el Ayuntamiento acordó entregar un permiso para el movimiento de tierras, que no se ha llegado a hacer efectivo.
Según confirmaron fuentes municipales, el pasado jueves se firmó la licencia urbanística de nueva planta para el edificio en base al proyecto básico, que es lo que de momento se ha presentado. Lo hizo con una condición: que los usos que se incluyan en el proyecto de ejecución se ajusten a la comparecencia del 1 de agosto de 2022 de la empresa, que manifestó que cumpliría las normas, y a lo previsto en el PGOU.
100 plazas de aparcamiento
La citada licencia, que autoriza a incrementar el número de plazas de estacionamiento de las 55 exigidas como mínimo por la ley a las 100 proyectadas, no da derecho a la ejecución de ningún tipo de obra. Para poder iniciar la construcción del edificio será necesario presentar un proyecto de ejecución en el plazo de un año desde la recepción de la licencia. Los aparcamientos quedan vinculados al edificio y no pueden convertirse en estacionamientos públicos por horas. Fuentes del Gobierno de Aragón dijeron que la concesión de la licencia no ha sido notificado y que será entonces cuando se decida si finalmente no se aplica el artículo 240.
