Los trabajadores del bus urbano se preparan ya para endurecer los paros a partir del próximo 5 de septiembre. La huelga, hasta ahora limitada a martes, miércoles y jueves, se recrudecerá con afecciones "de lunes a domingo" en tres franjas de mañana, mediodía y tarde. El ‘calendario’ será similar al actual. "Serán los mismos tres turnos que hasta ahora, comenzando a las 8.00, las 8.15 y las 8.30. Los horarios cambiarán los lunes, martes y miércoles, y el jueves volverá a empezar la rueda. A nivel salarial supondrá un mayor perjuicio, pero estamos dispuestos. La gente tiene claro que no quiere la última oferta de Avanza. Los paros siguen siendo secundados por prácticamente el 100% de la plantilla", dijo ayer el presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés.

Las negociaciones del convenio llevan rotas desde finales de julio, sin que haya habido contactos oficiales en las últimas semanas, según confirman ambas partes, más allá de llamadas puntuales. La situación, según el director de Avanza, Guillermo Ríos, es "parecida o incluso un poco más complicada", ya que "el comité, lejos de reflexionar este mes de agosto, ha mantenido los paros, perjudicando a los usuarios, a la empresa y a los propios trabajadores".

Julio, recordó, fue un mes dedicado "casi en exclusiva" a resolver el conflicto, con reuniones hasta altas horas de la madrugada entre tres y cuatro días por semana. "Daba la sensación de que querían alargar la negociación y ganar más tiempo. Había herramientas más que suficientes para cerrar el convenio. Pusimos una oferta sobre la mesa que iba más allá de lo razonable y lo prudente", subrayó.

Respecto al endurecimiento de los paros a partir de septiembre, recalcó que el comité "es el único responsable", ya que "son ellos quienes los convocan y desconvocan". "Está claro que no funcionan. Fue una estrategia de negociación fallida hace cuatro años y lo está siendo ahora", dijo.

La concesionaria retiró su oferta económica –que incluía una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%–, el pasado 31 de julio. Según su director, a la hora de retomar la negociación habría que "reconsiderar las circunstancias" en función de la situación económica de la empresa y el impacto de los paros, que cifra en 750.000 euros. "Es algo que les hemos advertido. Todo lo que se pierda no se podrá ofrecer. En lo que va de año van ya más de medio millón de euros por la huelga y 250.000 por las reuniones", destacó.

El comité, en cambio, cree que los responsables de la empresa están actuando "como los niños pequeños" e insiste en que el calendario de paros llega hasta el 8 de enero de 2023 y que no tienen "ningún problema" en continuar hasta entonces. Según Montañés, el Ayuntamiento "hace ya mucho que tendría que haber intervenido para dar un servicio de calidad a los ciudadanos". "Mientras no se pongan serios no tenemos ninguna fe en nada", manifestó.

"Azcón ni está ni se le espera"

En el Ayuntamiento, la huelga sigue siendo objeto de polémica entre gobierno y oposición. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, acusó ayer al alcalde, Jorge Azcón, y a la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, de "irse de vacaciones" con una huelga que dura ya 550 días. "Ni están ni se les espera, y mientras tanto, los vecinos siguen sufriendo los paros", dijo.

Criticó, además, que el Consistorio "haya negado la mayor" desde un primer momento. "Debería haber pedaleado desde el primer día, facilitando y favoreciendo que la huelga terminara. Nosotros propusimos incluso un mediador", recordó Ranera.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, recalcaron que los contactos con la empresa están siendo prácticamente diarios, y que la petición lanzada al comité –al que se instó a suspender los paros hasta que se alcanzara una solución– "ha sido denegada por silencio administrativo". 

También aludieron a mensajes y llamadas a la directora general de Trabajo del Gobierno aragonés, Soledad Lapuente, en busca de una mediación "dentro de sus competencias" que hasta ahora no han obtenido respuesta. A este respecto, desde el Ejecutivo autonómico insistieron en que ya se facilitan los medios para la negociación a través del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), un órgano "constituido junto a los agentes sociales expresamente con esta finalidad y que la DGA sustenta económicamente de forma íntegra".