El Ayuntamiento de Zaragoza lleva a los tribunales a la DGA por la aplicación del acuerdo bilateral
PP-Cs asegura que es una cuestión meramente "técnica" por la interpretación del documento pero el Gobierno ve "sorpresiva" la decisión de acudir a la Justicia.
El Ayuntamiento de Zaragoza acordó este jueves acudir a los tribunales por la interpretación que hace la DGA del convenio bilateral y el modo en que quiere aplicarlo, por lo que las discrepancias entre ambas instituciones en torno al citado acuerdo continúan. Desde la coalición PP-Cs quitaron importancia al asunto y aseguraron que se trata de una cuestión meramente "técnica". Mientras, por parte del Ejecutivo autonómico consideraron "sorpresiva" la decisión de recurrir a la Justicia y dijeron que la financiación de la capital está "asegurada".
El acuerdo establece el pago por parte del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de 80 millones de euros, repartidos a partes iguales entre 2021 y 2024. No obstante, el conflicto se refiere a una orden de la DGA del 30 de diciembre que establece la transferencia de 5,3 millones, el importe que faltaba para completar los primeros 20 que le correspondían a la ciudad de ese fondo.
En concreto, el texto estipula que esa cuantía debe destinarse "a financiar las competencias atribuidas, propias o compartidas". Y es aquí donde discrepa el Consistorio, que considera que la transferencia debe destinarse, según dice el acuerdo adoptado este jueves por el Gobierno de Zaragoza, "exclusivamente a las competencias atribuidas como propias" por la DGA en virtud de la ley de capitalidad.
Para tratar de cambiar ese aspecto del texto, se tomaron dos medidas. Primero, la concejal de Hacienda, María Navarro, interpuso un recurso de reposición que, según el mismo documento, no ha sido resuelto. Después, en marzo, el Ayuntamiento requirió formalmente una rectificación, pero la DGA lo rechazó. También avisó de que, en ese caso, acudiría a los tribunales para presentar un contencioso-administrativo. Justo lo que ha ocurrido.
Con todo, el Ayuntamiento quiso restar importancia al asunto. Fuentes municipales indicaron que se trata de una cuestión "técnica" por la aparición en la orden de pago de un término que no se encuentra en el convenio y aseguraron que únicamente se está siguiendo el procedimiento.
Mientras, desde la DGA explicaron que, jurídicamente, "las competencias compartidas son una parte de las competencias propias, como sucede con las exclusivas o con las concurrentes". Asimismo, consideraron que es "un debate inédito" porque Zaragoza tiene "garantizada" la transferencia, "algo que no había ocurrido hasta ahora", y vieron "sorpresivo" que acuda a los tribunales en lugar de dirimir el conflicto en la comisión bilateral.
