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Zaragoza pide a la DGA que aporte los 11 millones previstos desde 2014 para el sellado del vertedero
El Gobierno de Aragón replica que el convenio ya ha caducado y culpa al Consistorio de no haber iniciado los trabajos cuando tuvo oportunidad
Han pasado ya ocho años desde que se alcanzó un acuerdo para sellar el antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid, pero las obras aún no están terminadas. Ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a reclamar al Gobierno de Aragón que cumpla con su parte del trato y abone los 11,3 millones de euros que le corresponden para acometer los trabajos, obligados por la normativa europea en materia medioambiental. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que el convenio caducó y culpan al Consistorio de no haber comenzado la última fase del proyecto cuando tuvo oportunidad.
La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha remitido una carta al consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, para insistir, como ha explicado en la comisión del área celebrada este miércoles, en la necesidad de culminar el sellado de este enorme recinto, el denominado Centro de Eliminación de Residuos (CER), que recibía diariamente los desperdicios urbanos e industriales de toda la ciudad y de algunos pueblos cercanos. Empezó a funcionar en 1987 y hasta que en 2009 cesó la explotación llegó a acumular 16,4 millones de toneladas de basura en una superficie de 67 hectáreas, el equivalente a 140 campos de fútbol.
La DGA y el Ayuntamiento, junto a la Diputación Provincial de Zaragoza, alcanzaron un acuerdo en 2014 para el sellado de estos residuos, que fijaba un calendario plurianual y una serie de aportaciones económicas. Pero la financiación autonómica no llegó y el Ayuntamiento nunca comenzó la tercera fase de las obras. Y ahora se reaviva un viejo punto de tensión entre ambas instituciones, que se suma a la marejada de desavenencias políticas que llevan ya años acumulando, con pocas excepciones más allá del convenio bilateral. Aunque también aquí hay discrepancias sobre la forma de aplicar el acuerdo.
En tres fases
Como recordó Chueca, la DPZ fue la primera en completar su parte, que correspondía a la preparación de los terrenos y costó 2 millones de euros. Posteriormente, el Ayuntamiento se encargó del sellado de la zona en la que se encuentran depositados los desperdicios domésticos, lo que supuso una inversión cercana a los 8 millones. Finalmente, al Gobierno de Aragón le correspondería el área en la que se encuentran los residuos industriales no peligrosos y los residuos inertes procedentes de la construcción. Pero no hay entendimiento en cuanto a de quién es la responsabilidad de que no se haya acometido.
En este sentido, el Consistorio explica que sin que llegara primero el dinero no era posible consignar una partida ni licitar los trabajos, mientras que la DGA sostiene que el proyecto se financiaba contra certificación, por lo que no se podía abonar ninguna cantidad sin que hubiera una justificación previa. "Y el Ayuntamiento ni siquiera inició las obras", han recalcado este miércoles fuentes de la consejería de Medio Ambiente, que han insistido en que actualmente no existe ningún convenio que les "comprometa". Sobre esto, Chueca ha considerado que aunque el acuerdo haya caducado sería conveniente cerrar uno nuevo y además ha pedido aprovechar la "oportunidad única" que brindan los fondos europeos para impulsar actuaciones de estas características.
Asimismo ha recordado, como ha manifestado en su escrito a Olona, que el Consistorio ha formulado "sucesivos requerimientos" sobre este asunto sin obtener respuesta, tanto en la comisión bilateral como en otras reuniones, y que los cuatro vertederos de la ciudad de Huesca sí que han sido sellados con financiación autonómica. "El problema medioambiental sigue ahí y sería una lástima que no se aborde esta cuestión", ha dicho Chueca, que ha apuntado que de lo contrario se podría incurrir en una sanción por el incumplimiento de la legislación de la Unión Europea.
El dinero, según el acuerdo, debería haber llegado entre 2016 y 2018, pero no lo hizo. Tampoco el proyecto estuvo listo a tiempo, pues pese a que el Consistorio zaragozano culminó su redacción en noviembre de 2017, no se aprobó hasta abril de 2019, cuando se obtuvo el visto bueno del Inaga. El documento fijaba un plazo de ejecución de 24 meses y un coste de 11,2 millones de euros, y contemplaba el sellado de 23,9 hectáreas y la impermeabilización de toda la superficie del viejo vertedero. También incluía trabajos de drenaje, la construcción de caminos de acceso y la reforestación del terreno. "El Ayuntamiento hizo sus deberes. Es de justicia para la ciudad aprovechar el proyecto y dejar este tema zanjado", ha recalcado.
