Haber sufrido en 2020 una caída de la facturación igual o superior al 20% respecto al año anterior. Es la barrera que han fijado los hosteleros de la capital aragonesa para poder optar a las ayudas directas que repartirá el Ayuntamiento de Zaragoza con los 3,4 millones de euros que no aportó al plan de subvenciones de la DGA. El sector entregó este viernes su propuesta al gobierno PP-Cs, reacio al inicio de la pandemia a este tipo de medidas de apoyo –frente a otras como los microcréditos o los bonos del Volveremos–, pero que finalmente ha aceptado las condiciones de las principales asociaciones de bares y restaurantes de la ciudad.

La propuesta presentada permite solicitar ayudas directas en compensación por las pérdidas de la pandemia a todos aquellos negocios hosteleros, como bares, restaurantes y discotecas, así como hoteles y alojamientos turísticos, que tengan domicilio fiscal en Zaragoza. La principal criba será la caída de la facturación en 2020, que deberá ser igual o superior al 20%, y que en principio no parece difícil de cumplir, dado que la mayoría de los negocios se vieron seriamente afectados aquel año por el estado de alarma y las restricciones sanitarias.

En cuanto al importe al que aspira cada negocio, varía en función de la caída de ventas. En aquellos en los que se redujo entre un 20% y un 40% obtendrán un céntimo por cada euro de facturación perdida. Esta cifra se incrementa en cada nivel establecido hasta llegar al máximo, fijado en 1,16 céntimos por cada euro perdido, previsto para aquellos con una reducción del volumen de operaciones del 80% o superior.

De forma adicional, todos aquellos negocios acreditados con el sello de ‘Hostelería Segura’, que avala que el local cuenta con las medidas necesarias para evitar contagios de la covid en su interior, lograrán una ayuda extra.

Prorrateo al alza o a la baja

El Ayuntamiento de Zaragoza se mostró muy crítico con el plan de ayudas a la hostelería del Gobierno de Aragón, que contemplaba repartir hasta 50 millones de euros. Del total, el 20% (10 millones), lo debían aportar los ayuntamientos, en proporción a las solicitudes registradas en sus municipios. Inicialmente, Zaragoza aprobó su adhesión con 3,6 millones, que no saldrían del presupuesto municipal, sino de la retención de transferencias pendientes de la DGA o de la compensación de deudas líquidas vencidas.

Cerca de 300 consistorios se adhirieron –además de las diputaciones provinciales–, pero finalmente el gobierno PP-Cs de Zaragoza se echó atrás por discrepancias con la DGA y en virtud de un informe del interventor que rechazaba conceder ayudas a los negocios que no prestaran su actividad en la ciudad, aunque su domicilio estuviera en el término municipal.

Como consecuencia, los hosteleros de la capital recibieron un 20% menos de ayudas que el resto. El Ayuntamiento garantizó que les haría llegar el importe (que luego rebajó a 3,4 millones) y, tras estudiar diferentes fórmulas, finalmente pidió a las asociaciones que propusieran cómo hacerlo. En su planteamiento, se establece que en caso de que el importe de las solicitudes supere la partida prevista se prorrateará a la baja el dinero concedido de manera proporcional. De igual modo, si las peticiones son menores, se prorratearía al alza.