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El Ayuntamiento de Zaragoza decide dejar de litigar por la plusvalía y asumirá el pago de más de 3.000 recursos

La Asesoría Jurídica solicitó esta medida tras el fallo del Tribunal Constitucional. El objetivo es evitar las condenas en costas y el abono de intereses de demora.

Dependencias de recaudación de tributos en el Edificio Seminario de Zaragoza.
Dependencias de recaudación de tributos en el Edificio Seminario de Zaragoza.
José Miguel Marco

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido seguir la recomendación de la Asesoría Jurídica Municipal y dejar de litigar en los tribunales todos las reclamaciones pendientes contra la liquidación de la plusvalía. Cuando el pasado 26 de octubre el Tribunal Constitucional (TC) anuló el método de cálculo de las cuotas de este impuesto municipal, quedaban por resolver más de  3.500 recursos presentados contra el Consistorio en los que se exigía la devolución de importantes cantidades. Como no podía ser de otra forma, el posicionamiento del TC ha propiciado un incipiente goteo de sentencias condenatorias. Y ante el previsible aluvión, el equipo de gobierno PP-Cs ha decidido asumir de forma generalizada las reclamaciones para evitar un gasto extra a las arcas municipales. Porque al renunciar a litigar acepta el reintegro de una suma millonaria, pero evitará miles de condenas en costas, así como el abono de intereses de demora.

Según ha podido saber este diario, la Asesoría Jurídica Municipal emitió el pasado 12 de enero un informe en el que advertía al equipo de gobierno de las consecuencias de la sentencia del TC y proponía la adopción de un acuerdo «expreso y genérico» que autorizara al equipo de letrados del Ayuntamiento de Zaragoza a dejar de litigar los recursos relacionados con la devoluciones de la plusvalía. Es decir, a presentar lo que técnicamente se conoce como el allanamiento o desistimiento en todas estas causas.

PP-Cs abordó este asunto en una sesión extraordinaria y urgente celebrada el pasado 21 de enero, en la que se decidió por unanimidad seguir la recomendación de la Asesoría Jurídica Municipal. Pero como la competencia para adoptar el mencionado acuerdo corresponde a la titular de la Agencia Municipal Tributaria, se le dio traslado para que se pronunciara. La contestación oficial se materializó el pasado 28 de enero, cuando esta autorizó a los letrados del Consistorio a dejar de litigar los más de 3.000 recursos todavía ‘vivos’.

Pero el allanamiento total o parcial en todas estas causas no significa que vayan a aceptarse de forma automática absolutamente todas las reclamaciones. De hecho, la Asesoría Jurídica Municipal seguirá rechazando todas aquellas que presenten defectos formales, así como cualquier revisión de reclamaciones ya resueltas con carácter previo a la sentencia del Tribunal Constitucional.

«A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada», dejó claro también el TC.

María Navarro confía en tramitar las devoluciones este año

La concejal responsable de Hacienda, María Navarro, mostraba ayer su confianza en que todas las devoluciones pendientes puedan tramitarse «antes de que acabe 2022 o como muy tarde para principios de 2023». La edil popular destacaba la «celeridad» con que se ha resuelto la propuesta de los servicios jurídicos, así como la importancia de «unificar criterios».

La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza adoptó carácter oficial esta misma semana, pero ya ha empezado a materializarse. De hecho, la SecciónSegunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha empezado a recibir solicitudes de desistimiento por parte de los procuradores del Consistorio.

Uno de los últimos fallos condenatorios contra el Ayuntamiento de Zaragoza se produjo a finales de enero, cuando el TSJA obligó a devolver 193.750 euros cobrados de plusvalía a los propietarios de un edificio ubicado en el Rabal que vendieron por un precio por debajo del de compra. Como solicitaba su abogado, Santiago Palazón, se reconoció también el derecho de los litigantes a cobrar intereses de demora.

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