El Ayuntamiento de la capital aragonesa está negociando este verano un acuerdo con Hacienda que le permita levantar el veto que el Ministerio le impuso a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda por su déficit económico. La cuestión es prioritaria para el gobierno PP-Cs, ya que de ella depende la ejecución de un ambicioso plan de pisos sociales para la ciudad que sumaría 120 millones de euros de inversión en los próximos dos años.

En concreto, fue la deficiente gestión de cobros de Zaragoza Vivienda la que llevó al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a los criterios marcados por la Unión Europea, a incorporar la deuda de este ente municipal a la del Ayuntamiento de la capital aragonesa. En consecuencia, la sociedad pública no podrá captar créditos, lo que ha desbaratado los planes del gobierno PP-Cs, que tenía intención de acometer una estrategia de rehabilitación y de construcción de pisos sociales y de alquiler asequible.

El principal problema que encontró el Ministerio en los balances de cuentas de Zaragoza Vivienda es que «no logra cubrir al menos el 50% de sus costes de producción en la serie temporal 2016-2020», una línea roja que marcan organismos como el Sistema Europeo de Cuentas y el Manual de Eurostat. De hecho, la propia Cámara de Cuentas de Aragón ya advirtió de este riesgo.

La concejal del área, Carolina Andreu, confirmó este jueves que el Ayuntamiento presentó el pasado 28 de julio alegaciones a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con la intención de tratar de convencer a los técnicos de Hacienda de la viabilidad de las cuentas de Zaragoza Vivienda. La edil confía en obtener una respuesta el próximo mes de septiembre.

«Es una decisión fundamental», aseguró, ya que marcará las posibilidades de inversión de su área en los dos próximos años, el tiempo que tardaría la IGAEen volver a evaluar a Zaragoza Vivienda. Si finalmente no se logra un acuerdo, el Ayuntamiento ha previsto un plan B que reduciría notablemente la construcción de pisos sociales y que fiaría buena parte de las intervenciones al sector privado.

En concreto, el Ayuntamiento tenía previsto impulsar la construcción de 320 pisos de alquiler asequible mediante la cesión de derecho de superficie en barrios como Las Fuentes, el Arrabal o Casetas. Al depender de la inversión privada y no de la captación de deuda, esta propuesta no solo seguirá adelante sino que, tras el veto de Hacienda, el Ayuntamiento la ampliará hasta los 519 pisos. En concreto, derivará el suelo que iba a destinar para la construcción de 199 viviendas sociales en Valdefierro a la cesión de superficie para alquileres asequibles.

En cambio, se quedarían fuera aquellas operaciones vinculadas al crédito que había negociado Andreu con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre otras actuaciones, la construcción de 335 pisos protegidos promovidos por el Ayuntamiento así como un programa de regeneración de viviendas públicas dotado con 22,6 millones.

Los 80 pisos tutelados de Las Fuentes estarán en marzo

Las obras de construcción del edificio de 80 pisos sociales de la calle de Fray Luis Urbano, en el barrio de Las Fuentes, avanzan a buen ritmo y ya alcanzan el 60% de su ejecución. La concejal del área, Carolina Andreu, visitó las instalaciones, donde anunció que la finalización de los trabajos está prevista para el próximo mes de marzo.

La principal característica del inmueble es que ofrece zonas comunes para el aprovechamiento de los vecinos, que saldrán de la lista de espera de personas en dificultades económicas de Zaragoza Viviendas. En concreto, contarán con una sala de ordenadores para los deberes de los más pequeños o la formación de los adultos, y otra de convivencia, cuyos usos se irán definiendo conforme a sus necesidades.

El Ayuntamiento repetirá la fórmula aplicada en el edificio de la Imprenta Blasco y tratará de juntar perfiles distintos (parejas jóvenes, familias y jubilados) para incentivar la ayuda mutua. La mayoría de los pisos (68) son de 50 metros cuadrados, lo que «responde a la demanda actual de hogares de una o dos personas en Aragón», indicó Andreu.