Los 519 pisos de alquiler asequible que impulsará Zaragoza irán a cinco barrios

La deficiente gestión de cobros de Zaragoza Vivienda ha llevado al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a los criterios marcados por la Unión Europea, a incorporar la deuda de este ente municipal a la del Ayuntamiento de la capital aragonesa. En consecuencia, la sociedad pública no podrá captar créditos, lo que ha desbaratado los planes del gobierno PP-Cs, que tenía intención de anunciar en los próximos días una ambiciosa estrategia de rehabilitación y de construcción de pisos sociales y de alquiler asequible que contemplaba una inversión público-privada de más de 120 millones de euros en los próximos dos años.

Ahora, esa cifra se limitará a 80,5 millones, de los que la mayoría (65) procederán de los promotores que se animen a construir las 519 viviendas de alquiler asequible que va a impulsar el Consistorio a través de la fórmula de cesión de derecho de superficie. Por la parte pública, quedarán los más de 15,5 millones que destinará el gobierno PP-Cs a las políticas de rehabilitación de aquí a 2023.

«Hacienda ha tomado una decisión que va a impedir hacer políticas más ambiciosas», advirtió este lunes el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento para abordar a petición del PSOE las políticas de urbanismo, vivienda y movilidad de los próximos años. En concreto, el Ministerio comunicó el pasado martes que el Ayuntamiento debía empezar a computar en sus cuentas la deuda de Zaragoza Vivienda al comprobar cómo la sociedad municipal «no logra cubrir al menos el 50% de sus costes de producción en la serie temporal 2016-2020», una línea roja que marcan organismos como el Sistema Europeo de Cuentas y el Manual de Eurostat.

Hasta ese momento, el equipo de gobierno de Azcón estaba ultimando un plan de inversiones de aquí a 2023 que contemplaba cuatro ejes de actuación. Por un lado, 15,5 millones en ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas, que se suman a los 14 ya lanzados los últimos dos ejercicios, y que se mantienen invariables pese a la notificación de Hacienda. Pero a este impulso se añadía un programa de regeneración de pisos públicos dotado con 22,6 millones de los que 20,6 procedían de una crédito en condiciones ventajosas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ahora no verá la luz.

De igual modo, el BEI debía aportar otros 19,4 millones (de una inversión total de 38,7 millones) para la construcción de 335 pisos protegidos promovidos por Zaragoza Vivienda. Finalmente, el Ayuntamiento tenía previsto impulsar la construcción de 320 pisos de alquiler asequible mediante la cesión de derecho de superficie en barrios como Las Fuentes, el Arrabal o Casetas.

Al depender de la inversión privada y no de la captación de deuda, esta última propuesta no solo seguirá adelante sino que, tras el veto de Hacienda, el Ayuntamiento la ampliará hasta los 519 pisos. En concreto, derivará el suelo que iba a destinar para la construcción de 199 viviendas sociales en Valdefierro a la cesión de superficie para alquileres asequibles.

De igual modo, algunos proyectos puntuales de Zaragoza Vivienda seguirán en marcha, como tres Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) previstas para el Casco Histórico con 6 millones de euros y una promoción de 20 pisos públicos en Torrero.

Problemas de cobro

La incorporación de la carga financiera de Zaragoza Vivienda añadirá 14 millones de euros a la deuda municipal, que se elevará un punto porcentual hasta el 106%, cerca del límite del 110% que impediría al Ayuntamiento acudir a los bancos. En este sentido, desde el gobierno señalaron que los créditos negociados con el BIE «tenían sentido» si se articulaban a través de la sociedad pública, pero no del Consistorio, uno de los más endeudados del país.

En cualquier caso, el gobierno explicó que parte del problema radica en los «problemas de gestión de cobros» que presenta Zaragoza Vivienda, por lo que se van a revisar y mejorar. Cuando eso ocurra, se pedirá a Hacienda una «revaluación» que permita retrotraer su decisión «cuanto antes».

La decisión del Ministerio, anunciada por la concejal de Hacienda, María Navarro, eclipsó el debate de la moción socialista que reclamaba la construcción de 3.500 viviendas de alquiler en los próximos años, y que fue rechazada por el gobierno y Vox. Los partidos de la izquierda pidieron a PP-Cs ayudar a los jóvenes a emanciparse y Navarro les invitó a «trabajar juntos» para lograrlo.