Zaragoza
La Audiencia condena a la forense que ocultó un corazón en un presunto crimen en Calatayud
Al encontrar y analizar el órgano, se comprobó que fue una muerte natural y no de tipo violento como apuntaba la acusada. El tribunal le impone 1.800 € de multa y la suspende un año de empleo y sueldo.
Una multa de 1.800 euros y un año de suspensión de empleo y sueldo, esa es la condena a la que tendrá que hacer frente la forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) Teresa R. V. por ocultar que había guardado el corazón de la víctima de un presunto homicidio y entorpecer así una investigación judicial que pudo llevar a un hombre a prisión. Porque la especialista practicó la autopsia al cadáver y concluyó que la causa de la muerte había tenido su origen en un traumatismo craneal. Y como el fallecido se había peleado ese día con otro hombre, la Policía Nacional detuvo a este último como presunto autor de un crimen. Cuando después se encontró el corazón guardado en un bote y se mandó analizar, se descubrió que se trataba de una muerte natural derivada de una patología cardíaca, lo que llevó al archivo del supuesto homicidio.
La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a la forense por un delito contra la administración de justicia, confirmando así en todos sus extremos la sentencia que dictó a mediados de septiembre la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza. La defensa de Teresa R. V. recurrió aquel primer fallo alegando "ausencia de prueba de cargo, mínima, suficiente y racionalmente valorada". Sin embargo, tras estudiar el caso, la Sección Tercera se alinea ahora con la magistrada y asegura que "alcanzó una conclusión razonable, racional y adecuadamente argumentada".
El abogado de la forense también impugnó la pena que se le impuso en primera instancia por considerarla excesiva. Al pronunciarse sobre este extremo, la Audiencia Provincial le recuerda que tampoco aquí existe motivo para desdecir a la juez, puesto que optó por la multa más baja y una suspensión de empleo y sueldo "correcta y proporcional". No en vano, la Fiscalía pidió en el juicio que la especialista fuera apartada de sus funciones dos años y medio, y la juzgadora le impuso un año.
Cayó fulminado tras una riña
El origen de todo este asunto se remonta al 30 de abril de 2016, cuando una inocente disputa entre dos niños en un parque de Calatayud dio lugar a una fuerte discusión entre sus respectivos padres: Jesús L. M. y Juan Antonio A. Apenas 20 minutos después, cuando este último se dirigía a su casa en compañía de su mujer y su hijo, cayó fulminado y nunca volvió a levantarse. Como es lógico, la Policía detuvo poco después al hombre con el que se había peleado.
Cuando la jueza de guardia pidió un avance de la autopsia para saber si se podía atribuir o no al arrestado esta muerte, la forense Teresa R. V. emitió un informe en el que decía que se trataba de un caso "en el límite entre la muerte natural y la muerte violenta". Eso sí, apuntaba que la causa fundamental del deceso era "un traumatismo craneal". Ante la gravedad del asunto y la ambigüedad del informe forense, la instructora pidió aclaraciones. Como el fallecido tenía diagnosticado un problema cardíaco, le interesaba saber si se había conservado alguna víscera para analizar, a lo que la funcionaria contestó que no.
Un policía que estuvo presente en la autopsia reveló después a la juez que sí se había guardado el corazón, lo que confirmó el IMLA. Durante el juicio, la encausada trató de justificarse diciendo que el corazón no era una muestra para analizar, sino un simple resto de la autopsia sin valor médico legal. Pero lo cierto es que fue precisamente su remisión al Instituto Nacional de Toxicología y una segunda autopsia lo que dio el giro a la investigación por supuesto homicidio.
La DGA espera y se enfrenta a una reclamación de 100.000 €
Los funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) fueron transferidos por el Estado a la DGA cuando esta asumió la competencia de Justicia. Por ello, será la administración autonómica la que tendrá que suspender a la forense Teresa R. V. cuando el fallo sea firme. Y aunque son ya dos sentencias las que han condenado a la acusada, a esta le queda todavía la opción de recurrir ante el Supremo. Todo apunta a que lo hará, por lo que la doctora seguirá trabajando y practicando autopsias para otros jueces.
Por otro lado, el grave ‘error’ de la investigada podría acarrear un importante revés económico al Gobierno aragonés, contra el que se ha tramitado una reclamación de 100.000 € como responsable del IMLA. Quien exige esta indemnización es el vecino de Calatayud que acabó detenido y encartado por un presunto homicidio, ya que el informe preliminar que emitió la forense concluía que la causa inmediata de su muerte fue un hematoma subdural, provocado por un traumatismo craneal. El análisis del corazón aclaró que no era así y el asunto se zanjó con una multa por vejaciones.
