Zaragoza

calatayud

La Fiscalía lleva a juicio a la forense que ocultó un corazón tras un presunto crimen

Pide que la funcionaria del Instituto de Medicina Legal de Aragón sea inhabilitada dos años y medio, ya que al descubrir el órgano se mandó a analizar y se descartó el homicidio. El detenido por estos hechos reclama 100.000 euros de indemnización a la DGA.

Imagen de archivo de la fachada del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en Zaragoza.
Imagen de archivo de la fachada del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en Zaragoza.
Guillermo Mestre

La Fiscalía de Zaragoza ha decidido llevar a juicio por un delito contra la administración de Justicia a la forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) Teresa R. V., a la que en la primavera de 2016 una juez apartó de la investigación de un presunto caso de homicidio en Calatayud al descubrir que le había ocultado que guardaba el corazón de la víctima y no lo había enviado a analizar. El hallazgo de la prueba resultó decisivo, ya que al enviar el órgano al laboratorio las pesquisas dieron un giro radical.

La juez ordenó que otros dos forenses distintos del IMLA hicieran un segundo informe de autopsia, que confirmó que Juan Antonio A. M., de 52 años, falleció por una patología cardíaca y no como consecuencia de la pelea que mantuvo con otro bilbilitano al que se detuvo por presunto homicidio. De hecho, este hombre, de 37 años, pasó por el calabozo y estuvo encausado por esta causa casi cinco meses.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud entendió que el proceder de la forense Teresa R. V. no había sido el que se espera de un profesional, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Zaragoza. Tras un largo periodo de instrucción, esta ha decidido ahora acusar a la funcionaria de un delito del artículo 460 del Código Penal, por el que se castiga a todo aquel testigo, perito o intérprete que «sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos».

Por este delito no se contemplan penas de prisión, pero el ministerio público ha pedido que se imponga a la forense una multa de 6.000 euros, así como dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público. La Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno aragonés, del que depende el IMLA, asegura que no ha sido informada oficialmente del procedimiento penal en el que se haya inmersa la funcionaria, ni del auto de apertura de juicio oral que se dictó el 24 de mayo de 2019. Sin embargo, ahora que sabe que la forense se sentará en el banquillo de los acusados, la DGA podría adoptar sus propias medidas por la vía administrativa.

El origen, una pelea de niños

El origen de todo este asunto se remonta al 30 de abril de 2016, cuando una inocente disputa entre dos niños en un parque de Calatayud dio lugar a una fuerte discusión entre sus respectivos padres: Jesús L. M. y el citado Juan Antonio A. Apenas 20 minutos después, cuando este último se dirigía a su casa en compañía de su mujer y su hijo, cayó fulminado y nunca volvió a levantarse. A la Policía le dijeron que poco antes la víctima se había visto envuelta en una pelea, por lo que procedió a la detención de Jesús L. M. por un presunto delito de homicidio.

Cuando la jueza de guardia pidió un avance de la autopsia para saber si se podía atribuir o no al arrestado la muerte del bilbilitano, la forense Teresa R. V. emitió un informe en el que decía que se trataba de un caso «en el límite entre la muerte natural y la muerte violenta». Eso sí, apuntaba que la causa fundamental del deceso era «un traumatismo craneal». Ante la gravedad del asunto y la ambigüedad del informe forense, la instructora pidió aclaraciones.

Una de las cosas que quería saber era si se había conservado alguna víscera del fallecido para analizar, a lo que la funcionaria del IMLA contestó que no. «Las características de la hemorragia y los antecedentes y medicación (del fallecido) las hacía innecesarias», le dijo la forense a la juez, insistiendo en que «la causa inmediata de la muerte fue un hematoma subdural».

Para sorpresa de la instructora, pocos días después, un policía nacional que estuvo presente en la autopsia le aclaró que sí se había conservado el corazón del fallecido. Aquello significaba que la funcionaria del IMLA le había mentido y que podría estar encausada por homicidio una persona que era inocente. Por ello, dio un plazo máximo de 24 horas para que le confirmaran si la información del agente era correcta. Y lo era.

El detenido reclama 100.000 euros a la DGA

Al hombre con el que se peleó Juan Antonio A. M. 20 minutos antes de morir se lo investigó inicialmente como presunto autor de un homicidio, ya que el informe preliminar que emitió la forense ahora acusada decía que la causa inmediata de su muerte fue un hematoma subdural. Sin embargo, tras encontrar el corazón de la víctima en una estantería del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y mandarlo analizar, se llegó a la conclusión de que la muerte de este hombre fue consecuencia de una patología cardíaca y no de ningún golpe.

Con una acusación en firme de homicidio, el investigado podría haber sido condenado a una pena de entre 15 y 20 años de prisión.Sin embargo, tras la segunda autopsia, al bilbilitano Jesús L. M. se le impuso una multa de 180 euros por un delito leve análogo a la antigua falta de vejaciones.

Eso sí, el abogado José Cabrejas, que representa al hombre que fue detenido por estos hechos, ha reclamado cien mil euros al Gobierno aragonés en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Etiquetas
Comentarios