Muy pocas cosas positivas ha acarreado la pandemia de covid 19 en la sociedad, pero una de ella ha sido la posibilidad de que los presos que están en tercer grado penitenciario puedan dormir en su domicilio en vez de hacerlo en un centro de reinserción social. Este es el caso del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y del exejecutivo de Acciona José María Jordán, los dos únicos de los 23 condenados por el caso de corrupción en la obras de la Plataforma Logística que recibieron condenas que les obligaban a entrar en prisión.

Las penas no fueron elevadas, incluso pueden considerarse casi testimoniales teniendo en cuenta que los protagonistas se enfrentaban a peticiones de prisión de 23 años, en el caso de García Becerril, y de 11 en el de Jordán, por delitos continuados de prevaricación, de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Los abogados del primero, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, consiguieron para el exgerente de la sociedad pública un ventajoso pacto con la Fiscalía Anticorrupción que se tradujo en una condena de dos años y un día de cárcel. Ese solitario día llevaba implícito que no podía solicitar la suspensión de la condena, pero ya indicaba que su estancia en prisión iba a ser corta. Ricardo García Becerril se presentó en el centro penitenciario de Zuera el 4 de febrero pasado para empezar a cumplir. Seis meses después, en julio, pidió el tercer grado y le fue concedido, como publica hoy el Periódico. Similares pasos llevó Jordán, con la diferencia de que él entró un par de semanas antes en una cárcel madrileña.

Como cualquier preso no considerado peligroso, los dos comenzaron su estancia en prisión en segundo grado. Según el reglamento penitenciario, a los seis meses, como máximo, cualquier interno puede pedir la revisión de su clasificación y la progresión de grado, es decir, su paso al tercero, que implica un régimen de semilibertad que permite al reo salir a la calle de lunes a viernes para trabajar y volver al centro a dormir.

En Zaragoza, el seguimiento, control y alojamiento de los presos en tercer grado se hace en el Centro de Inserción Social las Trece Rosas, situado en Torrero. Al obtener el tercer grado, García Becerril debería haber acudido a este centro a dormir, pero a raíz de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y para evitar contagios por coronavirus, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias dio la orden de que las juntas de tratamiento de las prisiones flexibilizaran la vida de los presos en tercer grado y pudieran pasar la noche en sus domicilios.

De esta medida se ha beneficiado el exgerente de Plaza y el exejecutivo de Acciona, quienes una vez obtenido el tercer grado y con los controles establecidos, están cumpliendo la pena en sus casas. Además, se han beneficiado de permisos, lo que en el caso de García Becerril le permitió en agosto desplazarse unos días a Salou con autorización penitenciaria. Allí tenía un apartamento, ahora comisado, como otros bienes, en el que la Policía halló 415.180 euros bajo un colchón. El exgerente fue condenado también a 726 días de trabajos en servicio de la comunidad aunque aún no se le ha asignado destino.