El exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza Ricardo García Becerril aguardó hasta la medianoche del pasado domingo 9 de diciembre –cuando solo quedaban 10 horas para el inicio del juicio del caso Plaza– para dar su conformidad al acuerdo con la Fiscalía y reconocer así hasta siete delitos continuados de carácter económico o por corrupción. Pero basta examinar la letra pequeña del pacto para comprobar que sus abogados, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, aprovecharon hasta el último minuto para exprimir al límite todas las opciones que concede el Código Penal y evitar a su cliente una larga temporada entre rejas

En su primer escrito, los fiscales anticorrupción José Grinda y José De La Rosa pedían 23 años de cárcel para García Becerril. Sin embargo, la habilidad de sus letrados y la predisposición de los representantes del ministerio público a aceptar la confesión del principal encausado –que suponía nada menos que arrastrar a casi todos los demás– permitió rebajar semejante pena, propia de un asesinato, a dos años y un día._La pregunta que todo el mundo se hacía este lunes en los pasillos de la Ciudad de la Justicia era cómo podían ‘evaporarse’ más de 21 años de prisión en una negociación.

Una de las respuestas está en que la defensa planteó que la confesión de García Becerril se considerara como una atenuante "muy cualificada", lo que permitía sustituir varias penas de cárcel y multas por trabajos en beneficio de la comunidad. Y la Fiscalía aceptó, principalmente, porque para entonces ya sabía que Acciona se había comprometido a abonar cerca de 60 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y a dirimir otros 87 en un arbitraje.

Así, cuando cumpla la condena de dos años y un día de cárcel (que verá reducida por a los beneficios penitenciarios), el exgerente de Plaza tendrá que dedicar otros dos años de su vida (726 días, exactamente) a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Eso sí, gracias a estos servicios, Becerril se ahorrará casi tres años más de internamiento en Zuera (2 años, 10 meses y 22 días) y el pago de multas por importe de 682.831 euros.

Para rematar el acuerdo, los fiscales anticorrupción obligaron también al exgerente y a su familia a renunciar al apartamento de Salou, dos inmuebles en Zaragoza (valorados en 103.340 euros) y la nave de 1.762 metros cuadrados que tenían en Plaza. En cualquier caso, la defensa ha logrado que no se les intervengan los 415.180 euros que la Policía halló en billetes bajo un colchón, y que ese dinero sea destinado a saldar cuentas con Hacienda y a abonar parte de las costas del procedimiento judicial, que no será barato. También les ha salvado una serie de fondos de inversión y planes de pensiones abiertos en varios bancos.

Groeneveld ¿irá a prisión?

Pero no ha sido el exgerente de Plaza el único que ha jugado sus cartas, ya que el ejecutivo de Acciona José María Jordán –que ha reconocido cuatro delitos continuados– también ha visto reducida de casi 11 años a dos y un día su condena. En concepto de multas, abonará 103.330 euros.

De los otros 18 encartados que han firmado acuerdos de conformidad, a siete se les han retirado los cargos y del resto, ninguno entrará en prisión. Solo hay uno que podría plantearse pasar 20 días en la cárcel: el técnico de la empresa Intecsa-Inarsa Nicolas Groeneveld. ¿Por qué? Porque la Fiscalía le ofrece sustituir una multa de 15.000 euros por esta breve estancia entre rejas.

Al empresario y amigo de Becerril Miguel Ángel Cantero, el ministerio público también le ha hecho una ‘oferta’: sustituir una multa de 140.200 euros por 30 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Propuesta que parece evidente que aceptara. Una de las hijas del exgerente, Carolina García Plante, también sustituirá medio año de prisión por tres meses de servicios a la comunidad.

La Fiscalía ‘rasca’ otros 2,5 millones, dos viviendas y una nave

El fiscal anticorrupción José Grinda reconocía este martes a HERALDO que con los pactos no se buscaba ninguna "venganza", sino "recuperar la mayor cantidad de dinero posible". Y en su afán por hacerlo, la acusación pública no solo ha conseguido convencer a Acciona de que le convenía pagar –se ha comprometido a abonar casi 60 millones a Plaza y a dirimir otros 86 en un arbitraje– sino que ha podido ‘rascar’ a los firmantes de los pactos otros dos millones y medio en comisos y multas. Y a estos hay que añadir dos viviendas, una nave, así como varias plazas de garaje y trasteros. Porque todo suma.

Para cerrar su acuerdo, García Becerril ha tenido que entregar el apartamento de Salou y una nave, además de abonar 292.498 euros extra. Por el delito de cohecho que ha confesado y en el que se vio implicado el empresario Manuel Colonques (dueño de Porcelanosa), este último ha pagado casi 700.000 euros. A cambio, se le retiran los cargos.

Al resto de encausados –principalmente a Miguel Ángel Cantero, que también pierde una vivienda– se les ha decomisado otro millón, que unido a los 557.735 euros en multas suman los 2,5 millones. Y falta por saber si dos de los cinco acusados que no han pactado, cierran finalmente las negociaciones que han iniciado con la Fiscalía.